La Nueva Cuestión Social
Durante el siglo XX, a raíz de las transformaciones económicas, sociales y políticas que se desarrollaron a lo largo del siglo (guerras mundiales, formación de las distintas formas del “Estado de Bienestar”, “Guerra Fría”, caída del “socialismo real”, proceso de globalización/mundialización y auge del neoliberalismo) la cuestión social fue mutando. Se consolidaron sociedades salariales que con el auge del neoliberalismo hacia fines del siglo fueron desagregándose al compás de las transformaciones de la organización del trabajo posfordista: a mayor tecnología se necesita menos fuerza de trabajo para aumentar la producción. El desarrollo del Estado de Bienestar en América del Norte, América latina, Europa occidental y las experiencias de socialismo de Estado en países de Europa del Este y China fueron complejizando aquella decimonónica definición de la cuestión social: las sociedades industriales y salariales tenían una cobertura garantizada por parte de instituciones del Estado de nuevo tipo y las organizaciones obreras tenían estructuras fuertes para defender a los trabajadores. La crisis del petróleo de 1973 producto de la organización de los países productores puso en crisis al Estado de Bienestar en los países europeos y EEUU, crisis luego trasladada a los países dependientes de América Latina y África mediante un nuevo instrumento de dependencia: la deuda externa y el golpismo. Aquellas democracias que no dieron un giro conservador, de reforma del Estado o que se resistieron a someterse a la financiarización de sus economías fueron interrumpidas mediante golpe de Estado o intervención extranjera.
Las sociedades postsalariales, flexibilizadas, precarizadas en la década de 1990 fueron redefiniendo su “cuestión social”, sea en Europa como en América Latina. Europa y EEUU pudieron ralentizar el desmantelamiento de las instituciones del Estado de Bienestar a costa de la dependencia de América Latina y África y de los beneficios económicos que le sucedieron el fin de la “guerra fría” con la caída de las “democracias populares” del bloque socialista y de la URSS. Lejos de una visión economicista en 1960 y 1970 a la cuestión social tradicional, atravesado por la materialidad, se le sumaron los “nuevos movimientos sociales” promovidos por las corrientes feministas, ecologistas, de la diversidad sexual, de los derechos de las minorías étnicas, de las juventudes, entre otros. Esta complejización de los derechos sociales en derechos económicos, sociales y culturales (DESC) llevo a la irrupción de nuevas cuestiones sociales.
José Luis Coraggio define la “cuestión social” (en una sociedad capitalista con formas democráticas) como el “entramado de problemas interdependientes, con significado social, jerarquizados y articulados, que amenazan la cohesión de la sociedad como tal”. Ese entramado desafía a los actores políticos -para su sostenimiento legítimo como tales- a “actuar, producir discursos y tomar posiciones respecto a la jerarquización de tales problemas en un todo, así como a las vías y a las responsabilidades para su gestión pública y resolución.” En el siglo XXI nos enfrentamos a una nueva cuestión social: la emergencia de la economía popular en la estructura social y económica. En ese marco, Sarria Icaza y Tiribia (2001) plantearon que la economía popular es el conjunto de actividades económicas y prácticas sociales desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar, a través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales. El cuadro general que Grabois y Pérsico realizan sobre la economía argentina para aportar a la discusión de la cuestión social y la economía popular parte del punto que la economía tiene tres velocidades: una “economía moderna y trasnacional” (constituida por corporaciones trasnacionales, monopolios y grandes empresas) que ocupa a una porción pequeña de la mano de obra, con salarios elevados y plenos derechos laborales, donde trabaja una verdadera “aristocracia obrera” que cada vez es menos solidaria con los trabajadores pobres; una “economía nacional y local” (PyMEs), que cubre la mayor parte de los empleos, producto de una gran cantidad de PyMEs orientadas al mercado interno o a proveer servicios tercerizados a las grandes empresas, siempre subordinadas a las decisiones macroeconómicas de los sectores monopólicos; y la “economía popular” (unidades de trabajo sin capital e infraproductivas) que se trata de emprendimientos individuales o colectivos con mínima tecnología, baja productividad, ingresos inadecuados para los trabajadores y condiciones muy malas de labor. La clase trabajadora se encuentra en este sentido fragmentada en tres sectores: los trabajadores formales (la “crema”), los trabajadores “en negro” (la “leche”) y los trabajadores informales (el “agua”). Sin embargo el trabajo precario no es exclusivo de los trabajadores informales o de la economía popular sino que cruza los tres tipos de trabajadores: en la economía transnacional el problema más grande es la tercerización o externalización laboral; en la economía nacional o local el problema más grave es el trabajo en negro o informal, los trabajadores que no son registrados; la economía popular en cambio tiene los tres problemas juntos: están afuera de las empresas, los trabajadores no están registrados, no tienen derechos y no tienen posiblidades de progresar por falta de tecnología y recursos. En el caso de los trabajadores de la economía popular (informales, precarizados, autónomos y de subsistencia) Grabois-Pérsico sostienen que sufren cuatro fracturas: fractura en los derechos, fractura institucional, fractura en la responsabilidad empresarial y la fractura de la productividad. Se define así en la emergencia de la economía popular una nueva cuestión social que atraviesa la realidad social de los pueblos de América Latina.
Bolivia: del movimiento obrero al movimiento campesino y urbano
La unidad obrero campesina junto a las elites progresistas de la pequeña burguesía llevaron al triunfo de la revolución nacional boliviana en 1952 con la primera experiencia nacionalista en Bolivia: el gobierno popular del Movimiento Nacional Revolucionario con Víctor Paz Estenssoro a la cabeza. Ese intento de formación de un Estado benefactor fracasó por las intervenciones extranjeras, la complicidad de las oligarquías locales y la imposibilidad de ampliar la base de sustentación del MNR. En la década del 80 luego de una serie de dictaduras cívico militares, especialmente luego de la experiencia violenta encabezada por el General Banzer, se instaló un gobierno “progresista” liderado por la Unidad Democrática Popular que fracasó al poco tiempo al no poder incorporar el conflicto social a la agenda de gobierno. El MNR retomó la conducción del gobierno boliviano, traicionando todas las banderas del nacionalismo revolucionario nada más y nada menos que de la mano de su mismo promotor: Víctor Paz Estenssoro, el “Doctor Paz”, aquel líder que había trazado los cimientos de un gobierno popular, llevando adelante una reforma agraria parcial y que había empoderado al sindicalismo minero. Hacia 1990 el movimiento popular boliviano se encontraba diezmado y la Central Obrera Boliviana (COB) ya no lo conducía debido a las transformaciones de la sociedad salarial boliviana. Sin embargo un nuevo actor irrumpe a fines de la década de los noventa: los movimientos campesino-indígenas organizados, los llamados “movimientos sociales”. El origen de estos movimientos y el corrimiento del eje obrero minero en la estructuración del movimiento popular boliviano fue investigado profundamente por Álvaro García Linera dando cuenta de una nueva cuestión social boliviana. García Linera sostiene que “dictadura militar y ciudadanía sindical eran los polos ordenadores del campo político desde 1964 hasta 1982” ya que entre los golpes de estado cívico militares y el poder sindical se ordenó el sistema político boliviano. El “autoritarismo estatal” se fortaleció no por la fortaleza expansiva de los sindicatos sino por sus debilidades y fracciones internas. Sin embargo los derechos sociales y la legislación laboral fueron garantizados por la organización sindical, al menos hasta la Marcha de la Vida de 1986, un parte agua para García Linera en el peso del sindicalismo minero en el movimiento popular boliviano. La COB resiste las políticas neoliberales de Paz Estenssoro humillándose públicamente, en una marcha en la que los trabajadores pusieron en juego su integridad física, recogiendo solidaridades en cada pueblo o ciudad por la que transitaban pero que no tuvo triunfo alguno. Este hecho constituye para García Linera la extinción o muerte de la condición obrera boliviana. A partir del debilitamiento del movimiento obrero minero, emergen con fuerza los movimientos campesino-indígena que hunden raíces en el indianismo-katarismo. Esta corriente política, cultural, social fue fundada por Fausto Reinaga, escritor indígena boliviano que escribió más de 30 libros como por ejemplo “La Revolución India”. En el indianismo-katarismo podemos encontrar diferentes vertientes: la vertiente sindical, desarrollada por Genaro Flores, impulsor de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) a partir de 1979; la vertiente política-partidaria (Partido Indio; Movimiento Revolucionario Tupac Katari; Movimiento Indiano Tupac Katari); la vertiente académica-historiográfica-sociológica surgida de una intelectualidad aymara que surgió a fines de la década del sesenta y comienzos de la década de 1970. En este marco, es destacable cómo se masifica la vertiente sindical del indianismo-katarismo a partir de la resistencia cocalera a la intervención de EEUU mediante la DEA en su “lucha anti-coca para luchar contra el narcotráfico” tuvo como principal sujeto a las Cinco Federaciones del Trópico de Cochabamba, cuna de formación del dirigente sindical campesino Evo Morales Ayma.
En cuanto a la emergencia de los movimientos sociales como nuevo sujeto en Bolivia “Comuna” colectivo de pensadores y cientistas sociales fundado por Álvaro García Linera a fines de los noventa, desarrolló una investigación sobre el movimiento popular boliviano conocido como “Movimientos Sociales”. En esta investigación se define a los “movimientos sociales” como organizaciones expresivas de determinadas demandas y necesidades colectivas que los partidos políticos no canalizan por no poseer la “capacidad mediadora”, porque no tienen inserción territorial o porque están en contra de la demanda que los organiza. Se explican como “sistemas organizativos de participación social, de formación de discursos identitarios y de elaboración de propuestas capaces de afectar la arquitectura institucional de los Estados”. Álvaro García Linera señalaba que mientras el antiguo movimiento obrero tenía como centro la “cohesión sindical” como eje de acumulación, los actuales movimientos sociales tienen como núcleo organizativo a la comunidad indígena-campesina (CSUTCB, CIDOB, colonizadores, CPESC, regantes, cocaleros) alrededor de la cual se aglutinan asociaciones laborales (maestros rurales), gremiales (transportistas, comerciantes de la zona), vecinales, estudiantiles, entre otras. Es decir que la comunidad indígena, campesina y ayllu (células de una otra sociedad) son la columna vertebral articuladora del movimiento popular. García Linera propone que el movimiento social es más bien un movimiento societal , pues se trata de una sociedad entera que se traslada en el tiempo. En el caso de la “Coordinadora para la Defensa del Agua y de la Vida” se da otro fenómeno ya que hay una sumatoria de organizaciones (gestionadores de recursos colectivos hídricos o regantes, gremios, vecinos, estudiantes, profesionales, campesinos, obreros sindicalizados, trabajadores eventuales y precarizados) organizados de “manera horizontal y electiva” a partir de su identificación con determinada demanda (defensa del Agua) y con el liderazgo moral de la estructura de movilización convocante (la Coordinadora). Se estructura así una nueva forma de organización popular que sortea las estructuras clásicas, organizando al conjunto desde la reivindicación puntual. Este nuevo tipo se impone en la “Guerra del Agua” y en la “Guerra del Gas” e inclusive se plantea en las tensiones creativas a las que hace referencia Álvaro García Linera como lo fue el conflicto de por la construcción de la ruta en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro-Secure), que ante la organización de los movimientos “oenegeistas” el gobierno boliviano se apoyo en las comunidades indígenas para destrabar el conflicto.
A pesar de que los movimientos sociales en Bolivia tienen una fuerte identidad étnica y cultural, el factor del trabajo sigue siendo parte fundamental en su estructura organizativa a partir de la defensa de los recursos naturales. La organización de la economía popular en Bolivia a través de sus movimientos populares o “movimientos sociales” como los llama García Linera y Comuna, que a principios del 2000 era de un 80% (según datos del Instituto Nacional de Estadística) tuvo mucho que ver con el empoderamiento de los sectores populares que en el año 2006 lograron conquistar el poder político con la victoria del Movimiento al Socialismo, de la mano de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, formando el primer gobierno popular, trabajador y campesino, un gobierno de los movimientos sociales de Bolivia, el que supo poner en pie un “gobierno del poncho y la corbata”.
Federico Demiryi