Políticas sociales y empleo

A más de dos meses de comenzada la gestión del nuevo gobierno, los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social no saben qué va a ser de su futuro y el de su trabajo. Mientras tanto soportan una dura campaña de estigmatización del empleo público.

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Se va terminando el verano y lo que se prometía como alegría cambió a profunda preocupación. Sobre todo para los trabajadores del estado, que durante los meses de calor vieron despedir a 27.400 compañeros al momento de ser escritas estas palabras. Muchas cosas se dicen de ellos: que son ñoquis, que son demasiados, que no entran en las oficinas, que cobran mucho y la lista demonizante podría continuar. Pues bien, no estaría mal entonces revisar algunas cuestiones al respecto.

Es tal el caso del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que en la actualidad cuenta con 7.307 empleados. De este total, sólo el 7,3% de ellos pertenece a la planta permanente de la institución, es decir 537 empleados. La precarización laboral dentro del estado fue una constante durante las últimas décadas pues casi el 70% de las plantas permanentes se produjeron mediante los concursos realizados entre 2014 y 2015. De allí surgieron 365 designaciones, pero todavía hay 200 concursos terminados que aún no tienen decreto de designación. Más preocupante todavía es la situación de los 6.770 trabajadores que pertenecen a la planta transitoria.

El 29 de diciembre del año pasado, el presidente Macri saludó a los trabajadores del estado con el decreto 254/15 que faculta al Ministerio de Modernización a la revisión de la totalidad de los contratos del ejecutivo nacional. Durante el brindis de fin de año en la Casa Rosada, el presidente felicitó a quien definió como el “Mac Gyver” de la Casa de Gobierno. Se trata de Eduardo Moli, encargado de mantenimiento desde hace 43 años en ese lugar. Hace algunos días atrás, Moli se enteró que había sido echado, junto a otros 50 trabajadores de la Jefatura de Gabinete, por la misma persona que lo había elogiado por su tarea sólo un mes antes.

A decir verdad, ese decreto lo que hizo fue allanar el terreno de lo que será un brutal achicamiento de la estructura del estado. Sólo en Desarrollo Social 1.377 empleados se vieron forzados a firmar una notificación que renueva sus contratos por tres meses hasta el 31 de marzo. El resto lo hizo por un año, aunque el decreto dice que todos los contratos serán revisados en un plazo de seis meses. Se podría decir que ese fue el inicio del operativo “Caza de Ñoquis”.

Es notable la confusión que hay alrededor del empleo público en la Argentina. Hoy, los niveles de contratación en el estado nacional se asemejan a los que había a principios de los años noventa. Es que la implementación de políticas públicas que llegaran a las personas en el territorio requirió que se volviera a contratar (de forma precaria, por cierto) a una gran cantidad de personas que pudieran llevar adelante esas políticas. Así fue como se hizo posible la implementación de políticas como la administración de los fondos del sistema previsional, AUH, el “Conectar Igualdad”, la puesta en marcha de Aerolíneas Argentinas, la construcción de miles de viviendas para los que más lo necesitaban y una gran cantidad de políticas que apuntaban a la redistribución de la riqueza y restitución de derechos largamente postergados. Los trabajadores de Desarrollo Social lo saben bien.

Sólo en Desarrollo Social 1.377 empleados se vieron forzados a firmar una notificación que renueva sus contratos por tres meses hasta el 31 de marzo. Es difícil de entender que un ministerio que prevé un aumento presupuestario del 18,6%, según la ley de presupuesto aprobada en octubre del año pasado, se encuentre virtualmente detenido en su gestión

Entonces, ¿qué hay del argumento que reza que los trabajadores del estado significan un enorme gasto para el país?

El presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para este año es de 90.787,4 millones de pesos (un 18% más que el año pasado). En sueldos ese ministerio gasta 1.032,5 millones de pesos, lo que en proporción significa un 1,14% del presupuesto ministerial y un 0,07% del presupuesto nacional calculado en 1.569.412,1 millones de pesos para este año.

Es difícil de entender que un ministerio que prevé un aumento presupuestario del 18,6%, según la ley de presupuesto aprobada en octubre del año pasado, se encuentre virtualmente detenido en su gestión. Los trabajadores, acostumbrados a una forma de abordaje e implementación de políticas sociales que los hacía mantener una fuerte presencia en el territorio, hoy no saben cómo la nueva gestión piensa alcanzar el objetivo de la “Pobreza Cero”.

Los que han trabajado en la implementación de políticas sociales durante los últimos años saben bien que para llevar adelante la presencia territorial que se desplegó desde ese ministerio hace falta del trabajo de muchas personas entre las que se pueden contar trabajadores sociales, politólogos, psicólogos, nutricionistas, sociólogos, médicos, empleados administrativos, choferes y un sinfín de otras especialidades. Hoy esas personas temen por la continuidad de sus puestos de trabajo. Se desayunan todos los días con nuevos despidos en diferentes reparticiones de la administración pública y se preguntan cuándo les tocará ellos. Y más profunda se hace esa preocupación si a más de dos meses de iniciada la nueva gestión, la mayoría de ellos debe cumplir su horario sin ninguna tarea que llevar adelante. Hoy la cartera social del Estado Nacional se encuentra parada, detenida en sus actividades. Algunos temen que esa sea la intención de la actual gestión.

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Lisandro Farías

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