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Gustavo Posse está decidido a avanzar con su polémico proyecto para desocupar los terrenos de 62 familias del barrio Uspallata de Beccar. El mismo fue tratado en la comisión de Presupuesto y Hacienda del Concejo Deliberante sanisidrense, que lo preside Pablo Fontanet, un possista.
Dicho proyecto ya obtuvo dictamen para ser votado en las próximas semanas en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante. Pero en este, el oficialismo modificó algunos de los puntos de su proyecto original. Eliminó el artículo que exigía que quienes obtuvieran el subsidio deberían irse fuera de San Isidro. Esto se debe a la intervención del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que marcó esta cuestión como anticonstitucional, siendo susceptible de un reclamo judicial al momento de ser aprobado. Además, el monto original a otorgarle a cada familia aumento de $350 mil a $450 mil. Sabido es que el municipio quiere vender esos terrenos por un valor superior a la compra y los subsidios otorgados, realizando así “un muy buen negocio para el Municipio”, tal como afirmó un edil possista.
El problema ahora, se traslada a lo siguiente. “El municipio hace referencia de haber obtenido el consentimiento de la mayoría de los vecinos, mientras que la Defensoría del Pueblo exhibe un relevamiento en el cual sólo 1 de las 62 expresan su deseo de trasladarse” afirma www.quepasaweb.com.ar. La otra problemática versa sobre la titularidad de las tierras. Existe un tal Alberto O´Connor que negocia con el municipio en representación de todos los dueños, sin que haya sido expuesto ningún poder que lo acredite como tal. Según el medio mencionado mas arriba, este O´Connor es un desarrollador inmobiliario que casualmente construyó un barrio privado cercano a Uspallata.
Algunos ediles fueron consultados por el mismo medio. Yacqueline Girassolli (PJ-FPV) afirmó “A pesar de pedir más tiempo para investigar sobre la titularidad real de los terrenos y el poder del que se jacta O`Connor de tener, es decir el de ser el representante de los titulares de los terrenos, a pesar del dictamen del Defensor del Pueblo, y lo que es peor a pesar de las 62 familias la comisión de presupuesto hoy saco el despacho de comisión donde le roba el derecho a vivir en San Isidro. Esto me genera miedo, esta mafia del holding inmobiliario que hasta ahora le viene saliendo los negocios redondos dan temor, porque cualquier día pueden venir por cualquiera de nosotros, avasallando nuestros derechos». Perteneciente al mismo espacio, Fabián Brest aseveró que “lo único que le interesa a Posse es favorecer un emprendimiento inmobiliario sin interesarle el destino de 62 familias vecinos de San Isidro, que como quedo demostrado, viven en el lugar hace mas de 30 años. Se está comprando un predio donde de acuerdo a nuestra información no está claro quienes son los propietarios o en su defecto quien ejerce la representación de los mismos. El municipio, como un operador inmobiliario, privilegia y defiende la rentabilidad económica en una clara política de Gentrificacion Urbana y no la función institucional indelegable de todo municipio que es promover y garantizar una mejor calidad de vida e igualdad de oportunidades para los vecinos de nuestra comunidad”.
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