Se trata de Mariano Orbaiceta, presidente de Nuevo Encuentro Chascomús, quien demandó ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, la invalidez de los nombramientos vía DNU de los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El fallo invalidó las designaciones y prohibió el juramento de los magistrados hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo.
«Con este decreto en particular de nombramiento de dos jueces para la Corte Suprema, vimos la reacción popular y política en contra. Entonces pensamos que se iba a retroceder y cuando eso no sucedió, lo charlamos con los compañeros y decidimos hacer esta acción», contó a ABC en Línea, Mariano Orbaiceta, presidente del partido Nuevo Encuentro Chascomús, que lidera Martín Sabbatella.
La presentación del escrito de inconstitucionalidad del DNU 83/2015, firmado por el presidente Mauricio Macri, para designar a los juristas Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, a ocupar dos vacantes en la CSJ, se hizo bajo el patrocinio de la abogada Lorena Herrera, ante Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores, provincia de Buenos Aires.
La sentencia entiende «abusivo y arbitrario recurrir a las previsiones del artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional en las que se funda el decreto para formular estas designaciones, pues nuestro ordenamiento constitucional y legal prevé un procedimiento específico para cubrir las vacantes definitivas y/o transitorias que pudieran producirse». En esta línea especifica que es el artículo 99, inciso 4°, el que determina la facultad del Poder Ejecutivo Nacional para nombrar a los magistrados de la Corte con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada a tal efecto.
El titular de Nuevo Encuentro Chascomús, resaltó los antecedentes que impulsaron el amparo: «Hubo un año desde la renuncia de Raúl Zaffaroni para acordar con el Senado» y «Cristina Fernández de Kirchner presentó un pliego -el de Manuel Carlés- y la oposición no dio tratamiento». También «se sabía que Fayt iba a renunciar. Entonces no había una urgencia. Hay que ser coherente», aseveró.
El fallo, plantea que hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, los jueces no pueden jurar ante el máximo tribunal, ya que al no están validados, cualquier decisión que tomaran podría encontrarse «viciada de nulidad absoluta».
«Se estaba incumpliendo con la Constitución, con la división de poderes, con la independencia judicial, con la seguridad jurídica y sobre todo con nuestro derecho como ciudadanos a participar en el proceso de selección de los jueces mediante el rol que tiene que cumplir el Senado», advirtió el militante.
