“Venimos de 4 años de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. El gobierno macrista vulneró derechos y castigó con una inflación incontrolable a la clase trabajadora. No se puede apoyar proyectos que continúen en esa lógica”, expresó Fernando Barrera, dirigente político y sindical (UPCN).
La oposición en la Ciudad y muchos dirigentes sindicales y políticos vienen expresando su preocupación respecto a cómo, a partir de aprobarse el Proyecto de Ley de emergencia económica y financiera en la Ciudad, el Ejecutivo utilizaría su amplia capacidad para redistribuir el presupuesto. Algunos puntos están más claros que otros pero no termina de haber precisiones en cuando al redireccionamiento final del mismo. Lo más preocupante es que pareciera que el eslabón débil vuelve a ser la clase trabajadora y eso es lo que, de ninguna manera, debe permitirse. Por el contrario, deben ser los trabajadores los que dejen de ser golpeados sistemáticamente por los ajustes impuestos por los gobiernos, que al delinear sus prioridades, no los incluyen en ellas.
En ese sentido, alertan sobremanera los artículos 17 y 19 del capitulo V del Proyecto en cuanto a la prohibición de instrumentar retribuciones extraordinarias, bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero, o especie hasta el 31 de diciembre, a los trabajadores públicos de la ciudad (ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autárquicos y autónomos y empresas mencionadas arriba); incluyendo la posibilidad de establecer un cronograma de pago escalonado y/o diferido de los haberes de las nóminas salariales. “Acaso no son los trabajadores públicos los que garantizaron el funcionamiento esencial de los organismos declarados como tal, los que garantizaron la presencia pública, los que desde sus casas también mantuvieron el trabajo a distancia para que se den respuestas a la comunidad. Si hace dos semanas se autorizó el endeudamiento del Estado de la ciudad en U$S 150.000.000, esos recursos deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales del Estado empleador con sus trabajadores y sino debería permitirse endeudarse para ello”, reflexionó Barrera, que además es Director del Ente único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires y sentenció, ”adelanto desde ya mi más profundo rechazo a estas propuestas realizadas por el Ejecutivo de la Ciudad toda vez que vuelve a equivocar la prioridad del gasto y del destino de los recursos esenciales del Estado. Si hay una prioridad, en el marco de la presente crisis, esta debe dirigirse a los salarios de los trabajadores que deben percibir en su integralidad los haberes, siendo ellos los que se han puesto al frente de la atención, el cuidado y el funcionamiento del Estado en medio de esta coyuntura. No cambia la situación la exclusión de esta medida a quienes perciben hasta 3 salarios mínimos ni al personal de los efectores de salud; la canasta básica de una familia porteña llega a casi $99.000 y los trabajadores ya hemos hecho un sinnúmero de esfuerzos para sobrevivir a esta crisis y no es justo que ahora, y en este caso a través de una ley, se vulnere la intangibilidad de su salario, se flexibilicen sus derechos alimentarios y se abra la puerta a la discrecionalidad del estado empleador para disponer a su antojo de los derechos adquiridos.”
“En este sentido, ya hace décadas que los trabajadores públicos comprendimos que la relación de trabajo que nos une con nuestro empleador se debe construir y sostener en el marco de la paridad y la igualdad, y no vamos a permitir que bajo ninguna circunstancia ni detrás de la máscara de ninguna emergencia, se vulneren los principios y los derechos conquistados tras tantos años de lucha. Porque hoy es el pago diferido del salario por la emergencia económica , la que dicho sea de paso, no es responsabilidad del trabajador, pero mañana es avanzar contra todo el edificio de derechos que supimos conseguir y que hacen a la seguridad del trabajador, su familia y su comunidad”.
En un análisis pormenorizado de este debate realizado por uno de los referentes del Nuevo Espacio de Pensamiento Nacional no se dejaron afuera los puntos sobre impuestos e ingresos brutos y el dirigente Fernando Barrera agregó “las autoridades de la ciudad deben comprender que no es por imposición de una minoría legislativa, ni contra los derechos elementales de los trabajadores que se construye una sociedad más justa ni equilibrada. Eso solo se logra respetando los derechos de los que solo tenemos nuestra fuerza del trabajo como herramienta para subsistir y exigiéndole a los que ganan siempre, que en estos momentos de tristeza y pobreza aporten un poco más para el desarrollo del conjunto. Tienen que entender que en estas circunstancias no se apaga un incendio tirando más leña en el fuego”.