Sería absurdo negar que en estos últimos meses el escenario político argentino no ha sufrido sucesos extraordinarios.
La cadena de hechos atípicos comenzó a fines de agosto. En Tucumán, las elecciones locales que debían proclamar un nuevo gobernador y renovar también múltiples cargos locales fueron puestas en duda aún desde antes de su inicio por el frente Acuerdo para el Bicentenario (armado opositor que componen los partidos integrantes de Cambiemos, un sector del PJ tucumano y otros agrupamientos). Finalizada la votación, José Cano, candidato a gobernador de dicho frente, quedó a 12 puntos del oficialismo y denunció la presencia de graves anormalidades durante el sufragio: desde fallas en el recuento hasta quema de urnas. Fue a raíz de esto que se iniciaron acciones legales y finalmente, el pasado miércoles 16 de septiembre, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán declaró la nulidad de las elecciones provinciales y convocó a nuevos comicios.
Lo llamativo es que, según consigna el fallo, la decisión del tribunal se basó en recortes periodísticos e informes televisivos del programa Periodismo Para Todos (conducido por Jorge Lanata) que daban supuesto sustento material a las denuncias del frente opositor que perdió por más de 100 mil votos. A partir de este suceso hubo reacciones de toda índole: desde el respaldo político y mediático de todo el arco opositor, autoproclamándose paladines de la justicia democrática, hasta acusaciones de una ejecución paulatina de golpe blando.
Un día después, jueves 17, se dio a conocer otro hecho significativo para el desarrollo político de la coyuntura actual: autoridades del gobierno porteño intervinieron instalaciones del canal de noticias C5N provocando un revuelo importante y provocando la movilización de sectores que tomaron la bandera de la defensa de la libertad de expresión. Casualmente, ese mismo canal había impulsado la denuncia judicial contra Fenando Niembro, primer candidato a diputado nacional del PRO en la provincia de Buenos Aires. El famoso comentarista deportivo había tenido que renunciar a su candidatura el día anterior, sospechado fuertemente de haber embolsado más de 22 millones de pesos provenientes del gobierno de Mauricio Macri en CABA mediante una empresa fantasma.
Podría decirse que este es uno de los años electorales más convulsionados de los últimos tiempos. La encarnizada disputa entre los pretendientes del ejecutivo de la Nación, sin embargo, parece haber llegado ya a límites peligrosos.
La anulación de una elección en Tucumán y la intervención de un canal en Capital Federal parecen hechos aislados si se consideran individualmente pero, al abrir un poco el espectro de análisis, es fácilmente apreciable el carácter de eslabón que estos elementos tienen, eslabones de una cadena que amenaza con encerrar la democracia en nuestro país. Otra vez.
En los comienzos del siglo XX, con Yrigoyen al poder, los sectores conservadores consideraban la democracia un trago amargo pero necesario para mantener una armonía social que les permitiera seguir imponiendo su hegemonía en la sociedad. Sin embargo, cierto accionar del gobierno del líder radical, comenzó a traducirse en una sensación de amenaza y posterior pánico para los sectores dominantes que llevaron a cabo como respuesta, a través de Uriburu, un golpe de estado apoyado también por poderosos grupos mediáticos y con la complicidad del sistema judicial. Este fue inicialmente tolerado pero, al haber conocido la punta del iceberg de la democracia con el régimen yrigoyenista y la sanción de la Ley Saenz Peña, el pueblo no quiso que este se derritiera y comenzó a rechazar el sistema de gobierno impuesto. De esta manera fue que Justo, cooptando numerosos sectores políticos y pregonando las aclamadas banderas de la democracia, llegó al poder con intenciones no muy distintas a las de su predecesor pero mucho mejor disfrazadas, el fraude y las prácticas de censura se instalaron casi institucionalmente y la libertad de expresión o de ejercicio político eran anomalías en el período.
Aquella década fue denominada posteriormente por los historiadores como la década infame, artilugio de Uriburu, Justo, Ortiz y Castillo, férreos defensores de los intereses más nefastos.
¿Usted cree en la resurrección o en los zombies? Pues hoy, casi cien años más tarde, parece que estos personajes terroríficos hubiesen reencarnado -otra vez, pues sería ridículo decir que los cien años entremedio no estuvieron también plagados de figuras del palo- en sujetos como los que hoy gestionan, cual financiera, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y pretenden también hacerlo en el país. Sujetos que atentan sobre los derechos, que pretenden ensuciar nuestra democracia, debilitar a uno de los gobiernos que supo poner el estado a disposición de los que más lo necesitan -representando a quien debe representar-, a través de la capitalización de todo el descontento que una gestión con perspectiva nacional y popular ha generado en los sectores medios-altos que históricamente han sido víctimas -o quizás victimarios- de un profundo sentido individualista.
La impunidad con la que actúan, el respaldo de los grupos económicos más cipayos de la Argentina, de los medios hegemónicos, que manejan a sus anchas y antojo la información que circula, y de la corporación judicial, son características que definen a estos sectores surgidos en procesos históricos con décadas de distancia pero con intereses y rasgos riesgosamente similares.
Sin embargo, hay un elemento clave que diferencia al PRO de los artífices de la Década Infame: cien años de historia. Cien años de historia en dónde los golpes de estado fueron moneda corriente, en dónde también hubo gobiernos ejemplares que supieron entender y concretar las demandas de un pueblo históricamente postergado, en dónde la violencia y el autoritarismo, el odio y el rencor se llevaron cientos de vidas, que en muchos casos incluso los cuerpos que estas habitaban ni siquiera fueron encontrados.
Es entonces mucho más grave la situación actual: porque ya existieron numerosas experiencias que demostraron que el camino que este sector está eligiendo no es otra cosa que un perjudicial ataque a nuestro pueblo, a la democracia que tanta sangre e ideas costó, a la soberanía política, la independencia económica y la justicia social que los argentinos merecemos. Y es también más grave porque aún con esa gran acumulación de experiencia, las corporaciones -mediáticas, judiciales y económicas- siguen posicionándose en la vereda frente al pueblo, e incluso han perfeccionado sus técnicas, han sabido direccionar todo el resentimiento, el individualismo de un sector y capitalizarlo en un proyecto político que, por sobre todo, parece simpático y honesto, que logra abstraer de culpas y resquemores.
¿Podemos entonces seguir utilizando el término de golpe blando? Porque son claros, reiterativos y cada vez más turbios los métodos que se proponen estos hombres y mujeres que atentan contra el bienestar y la voluntad popular. Estamos ante una clara avanzada de la derecha y ante la peligrosísima imposición de un sentido común retrógrado y destructivo en toda Latinoamérica, pero hemos sabido construir a lo largo de nuestra historia también una resistencia a estas amenazas, un movimiento popular, en su mayoría encarnado en diferentes procesos políticos de América Latina, que ya no tolera lo que toleró en los 30. Hoy más que nunca decimos: venceremos, aqui hay un pueblo digno.
