El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, revocó «por ilegítimas» las contrataciones de 417 agentes en la planta permanente de la empresa pública que habían sido incorporados en los últimos días de la administración anterior, y denunció a su antecesor en el cargo por «desviación de poder y delitos de acción pública en perjuicio» de la compañía.
«Días antes del cambio de gobierno, el entonces interventor de YCRT, Omar Zeidán, efectuó la contratación de 417 agentes en planta permanente», aseguró Aníbal en su cuenta de facebook.
Anibal Fernández detalló que estas más de 400 designaciones «no responden a personal técnico ni a operarios sino que se tratan de personas vinculadas a la Politicas del espacio de Cambiemos».
Para la Justicia, alrededor de YCRT existió una “maniobra defraudatoria» concretamente desde el «ex Ministerio de Planificación Federal, de YCRT y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz, y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz (en adelante FRSC) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la “Fundación Facultad Regional Santa Cruz” (FRSC)”.
En la causa se estableció que se firmaron distintos convenios por 4.866.400.000 pesos, de los que se facturaron 1.379.923.949 pesos, de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación. En consecuencia, el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, «en principio y cuanto menos, a la suma de 176.074.373,92 pesos». Por ese desvío De Vido fue preso, procesado y enviado a juicio.
A través de la mina de carbón que según el macrismo incrementó su planta de personal por encima de su capacidad: entre 2011-2015 se “sobredimensionó la planta llegando a poco más de 3.000 agentes”, señaló un informe de la gestión macrista. En números más finos señalaron que creció un 233% la planta mientras que «la producción de carbón fue de un 85% menos».