[vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_facebook type=»standard»][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_column_text]
La disputa por la apropiación de la renta nacional es una lucha desigual. Enfrenta por un lado grandes corporaciones originadas de un proceso de concentración de la producción a nivel global y nacional, y por el otro, a los trabajadores (y consumidores). Ambos sectores se disputan constantemente apropiarse de cada vez más una mayor parte de lo que anualmente se produce. La trayectoria del porcentaje de la torta apropiado por el trabajo del total de riqueza generado por el país anualmente, evidenció un alza significativa desde 2003 a la fecha, al incrementarse desde el 30.6% en 2003 al 51.4% en 2013. El Estado no es neutral en esta disputa, cada una de sus intervenciones en el día a día de la actividad económica tiene una intención y produce un efecto.
Cuando tomó la decisión de encauzar el desendeudamiento nacional, habilitó las negociaciones paritarias, creó millones de empleo, jubiló a millones de abuelos y abuelas, creó la AUH, nacionalizó YPF y destinó miles de millones a subsidiar las cuentas de luz, gas y agua de los argentinos, entre otras medidas, produjo una distribución más progresiva del ingreso. Busca que quienes menos tienen, tengan un poquito más y mejoren progresivamente su situación.
Los números hablan por sí mismos, el Estado no fue neutral, ha tomado una posición, un rumbo y lo ha mantenido desde 2003 a la fecha con convicción. Esto le ha valido ponerse enfrente a quienes a pesar de contabilizar enormes ganancias, ven con desprecio este avance popular.
La primera disputa fue contra el poder financiero internacional, la monumental quita de la deuda pública produjo no menores adversarios que aún hoy siguen disputando para que el pueblo argentino siga siendo expoliado y saqueado. La disputa más evidente en términos históricos enfrentó al proyecto nacional contra la SRA y sus hijos putativos (la FAA, CRA y Coninagro) durante la disputa de la resolución 125. Cada avance popular viene siempre acompañado de la mano de sectores concentrados que pierden privilegios.
Esta convicción política no ha cesado, recientemente se anunció una nueva ampliación jubilatoria, subas de la AUH y la determinación de una posición inclaudicable del país de no ceder ante la extorsión internacional de los fondos buitres. Las banderas de la distribución siguen bien en alto.
Frente a este escenario, el incremento de precios es el arma defensiva, quizás la más efectiva que tienen los empresarios para resistirse al avance popular, tanto por su efecto económico directo y por el daño psicológico (a las expectativas) que produce en los trabajadores. Para contrarrestar esta situación no solo existen las paritarias, el avance también corre por el lado de nuevas regulaciones que permitan cortar con los abusos empresariales a los consumidores.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_blockquote type=»type1″]
Estas iniciativas, son la segunda generación de medidas, a la vista del empoderamiento que ha hecho la población del programa precios cuidados y la aceptación de cada vez más argentinos de su poder como consumidores a partir de la simple elección de que producto comprar y cual no y que márgenes de ganancias convalidar.
[/vc_blockquote][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_column_text]
Los proyectos de defensa de consumidor y modificación de la ley de abastecimiento divulgados recientemente, tienen por objeto brindarles nuevas herramientas a los consumidores para que puedan ejercer efectivamente los derechos consagrados por el artículo 42 de la Constitución a la luz de la desigualdad existente entre consumidor y empresarios. Para ello, se propone crear un sistema más ágil de resolución de conflictos en las relaciones de consumo y se crea un nuevo fuero judicial del consumidor para atender de manera rápida y efectiva los reclamos de los usuarios y consumidores. El proyecto equipara a las empresas con los consumidores en cuanto al orden pago-reclamo y brinda herramientas a estos y al Estado para generar un mayor equilibrio en las relaciones de consumo y producción.
Estas iniciativas, son la segunda generación de medidas, a la vista del empoderamiento que ha hecho la población del programa precios cuidados y la aceptación de cada vez más argentinos de su poder como consumidores a partir de la simple elección de que producto comprar y cual no y que márgenes de ganancias convalidar.
Al anteproyecto que intenta regular estas relaciones desiguales entre corporaciones y consumidores se opuso enérgicamente toda la oligarquía empresarial (SRA, UIA, CAC, AEA, etc) y no casualmente todo el arco político no kirchnerista. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tan nerviosos? Jauretche responde nuestras preguntas: “las mayorías no odian, odian las minorías porque la conquista de derechos produce alegría, mientras que la pérdida de privilegios provoca rencor”. Hay quienes con este proyecto, ven tambalear sus privilegios de fijar precios usurariamente, abusar de su posición poderosa frente a usuarios, pero también la posibilidad de las grandes empresas de perjudicar a las más pequeñas, a los eslabones más débiles de la cadena de producción, acentuando cada vez más la tendencia a la concentración económica. Concentración versus distribución, ese es el trasfondo de esta discusión.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]