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El titular del SEDRONAR, Juan Carlos Molina, hizo pública su opinión sobre ciertas cuestiones relacionadas con el tema drogas y admitió su preocupación por la problemática. Su punto de vista en relación a cómo abordarlo, a saber, la descriminalización del consumo para permitir un abordaje desde la salud y la inclusión.
Molina admitió estar trabajando con un grupo de casi 70 legisladores en favor de la despenalización del consumo de marihuana para uso personal, lo que abrió un vasto debate alrededor del tema.
El kirchnerismo llevó adelante políticas que fueron en pos de la inclusión. Desde esta perspectiva, la despenalización del consumo sería una política más en ese sentido. Política que permitiría que en vez de excluir y criminalizar a los ciudadanos argentinos que optan por esta actividad (el consumo de marihuana) los incluiría a través del sistema de salud por medio de centros de rehabilitación para adictos. Si la patria es el otro, también lo son aquellos que consumen drogas.
En la actualidad, Argentina se encuentra en una situación jurídica en relación a este tema que es muy controversial. Según la ley de drogas, se puede detener a cualquier persona que esté consumiendo o posea marihuana. Pero en 2009, la corte suprema de justicia falló en el caso Arrióla estableciendo que el consumo de drogas no puede ser penado e instó a los demás poderes del estado a tomar cartas en el asunto.
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La ley focaliza en la persecución al consumidor y no al narcotraficante quien es, en definitiva, el verdadero criminal
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Lo que en términos prácticos significa que, hoy en día, la ley de drogas es un instrumento que utilizan las fuerzas de seguridad con el objetivo de criminalizar a jóvenes, para que luego en la instancia judicial ( si es que se da el caso de que al acusado le toque un juez progresista en el tema no solo del uso de drogas sino también que no criminalice a los jóvenes de barrios marginales), los liberen. Todo este trayecto “administrativo-jurídico” le produce al estado un gasto cercano a los 1.200 millones de pesos anuales, según afirmó juan carlos molina.
Ahora bien, los recursos del estado desproporcionadamente mal gastados, no son el único problema que acarrea la situación legal actual. Sumado a este problema, se le agrega el hecho de que la ley focaliza en la persecución al consumidor y no al narcotraficante quien es, en definitiva, el verdadero criminal y en su círculo hay violencia, lavado de dinero, trata de personas entre otras yerbas. Esta ley, tal como está, da lugar a llenar las cárceles con pibes de barrios carenciados, legitimando un accionar discriminatorio de parte del estado, algo que este pueblo no se puede permitir si pretende un país más igualitario.
Es oportuno citar al titular del SEDRONAR “la persecución penal por la actual ley de drogas es fuertemente discriminatoria. Me preocupa la violencia institucional, que no se produce a la salida de los boliches de la Costanera, ni porque tengan un porro. Se detiene a los pibes de la villa, los morochitos que salen de la bailanta. Y después los jueces los largan porque es inconstitucional su detención. El otro día metieron presos a dos pibes chicos en el Chaco porque los encontraron regando dos plantas de marihuana en un baldío. Tenemos que hacer más claro todo”.
Esperemos que tanto la oposición como el oficialismo traten de manera seria y responsable el tema y se logre así una patria más justa, en donde el consumidor no sea tratado como un criminal y los narcotraficantes salgan a la luz para ser juzgados.
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