Por Agustín Cesio
El Senado bonaerense convirtió en ley el límite a las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. Dicho proyecto, que fue promovido por el Frente Renovador y recibió un fuerte espaldarazo de la gobernadora Vidal, estipula que los mandatos actuales de intendentes y legisladores deben tomarse como el primero de los dos posibles. De esta forma, son pasibles de una sola reelección. Además, considera incompatible el ejercicio de una función local con cualquier otro cargo en la Provincia o la Nación.
Además del massismo y el vidalismo, el proyecto contó con el apoyo del GEN y de un sector del peronismo. El kirchnerismo optó por la negativa. Para el macrista Nicolás Ducoté, intendente de Pilar, la reforma apunta a “fortalecer la participación de los jóvenes para que los partidos sean cada vez más representativos de la comunidad”.
Los exponentes del “intendentismo” manifestaron su apoyo. Emergentes de un fenómeno que esta ley consagra, creen que limitar los mandatos promueve la movilidad de la dirigencia. Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, visualiza esto como algo “propio de un pensamiento peronista”. Gabriel Katopodis de San Martín lo aprueba, aunque remarca lo pendiente. “Falta avanzar en la autonomía de los municipios, el financiamiento transparente de los partidos y la representación legislativa”, planteó.
Sin embargo, aparecen algunos interrogantes: ¿Existe en la agenda de los bonaerenses una demanda de renovación política que esta ley cubra? ¿Brinda esta ley soluciones al problema de las sucesiones? ¿Es conveniente establecer los mismos límites para los intendentes y los legisladores?
El politólogo Pablo Touzón dice a favor del primer punto que la reforma “favorece la rotación del elenco y en ese sentido, obliga a darle más densidad a las organizaciones políticas, las ‘desestatiza’. En principio las vuelve por necesidad menos personalistas”. Jorge Álvarez, concejal de San Isidro por el radicalismo -que también avala la iniciativa-, marca que “este tipo de limitaciones favorecen la competitividad”.
El ensayista de política bonaerense Luciano Chiconi brinda un apoyo categórico porque cree que “la renovación es una demanda social que la ley ayuda a plasmar, lo que busca la gente es una nueva representación, sobre todo dentro del arco peronista”. Puntualiza que la expansión de los servicios municipales a áreas más sofisticadas en los últimos 10 años fortaleció al estado y tornó innecesarias tantas reelecciones, “que en general terminaron por deteriorar la imagen y la gestión del intendente”.
Álvarez matiza el peso de este reclamo en la piel social. “La agenda pasa siempre por cuestiones que afectan la vida de los ciudadanos de manera directa”. Sin embargo, relativiza su afirmación agregando que “la calidad institucional incide inexorablemente en cada ítem señalado”.
Otros -el primero politólogo, el segundo concejal- ofrecen una mirada distinta. Nicolás Tereschuk (editor del blog Artepolítica) abundó en datos de color, sosteniendo que las reelecciones de intendentes “no parecen un problema de enorme magnitud. En Quilmes se registró en 2011 la primera reelección de 1983 a esta parte. En La Matanza desde la recuperación de la democracia ha gobernado siempre el PJ, pero nunca lo hizo un intendente más de dos mandatos. Hasta hace unos años el intendente del GBA que más había permanecido en su cargo no era de origen peronista, como se cree, sino radical. Enrique García estuvo (en Vicente López) desde 1987 a 2011. La familia Posse comenzó a gobernar San Isidro en 1958 y sigue haciéndolo hoy en día”.
Remata afirmando que la demanda efectiva de la sociedad es “que se gobierne bien. Se han dado sucesivas renovaciones, la última en los pasados comicios donde en muchos distritos hubo cambios de mando importantes”. Lo mismo asegura el edil, también sanisidrense, Juan Ottavis (JP-Cámpora), quien enfatiza el posicionamiento de su espacio, “la crisis económica, el tarifazo y la caída en los niveles de empleo y la calidad de vida son temas centrales en la agenda social”.
Pasando a las sucesiones, Touzón acota que “son siempre el principal problema de la política”. Por lo cual “una iniciativa así obliga a ser mejores, ‘institucionaliza’ el juego político en el territorio”. Chiconi, responsable del blog Desierto de Ideas, enfatiza que la ley “resuelve y abre el juego para que aparezcan challengers que compitan con el intendente. Antes eso lo resolvía la interna partidaria, ahora no”. Focalizando aún más en el territorio, sentencia que se trata de un avance, dado que hoy en día “para los que no manejan el estado es más difícil desafiar al intendente”.
Tereschuk ve que esta cuestión “se va a seguir manejando de manera más ‘política’. En muchos distritos han funcionado sistemas de ‘delfines’ del intendente sin que existiese esta ley”. Ottavis vuelve a situarse en la misma sintonía acotando que estos “delfines” ayudan a mantener el statu quo en los territorios. Por esa razón puntualiza que la reforma carece de avances en lo relativo a la introducción de organismos de control y gastos. Su par de la UCR agrega la necesidad de problematizarse “el financiamiento de la actividad política y el límite a la formación de partidos”. Alerta sobre el peligro que implican las “carreras políticas” que fragmentan de hecho los espacios “en estrategias personales”.
Las reelecciones en el poder legislativo reciben, por lejos, los mayores cuestionamientos. Pese a ser parte del Frente Renovador, Chiconi disiente con la nueva ley al asegurar que el límite a las reelecciones de concejales debe tener flexibilidad. “Deben tener más reelecciones que el intendente”, dice, contraponiendo luego que “para los legisladores provinciales está bien el límite fijado”. Al editor de Artepolítica este punto del proyecto le parece de lo más cuestionable. “¿Contamos con datos de cuánto dura un concejal en promedio en una banca? ¿Y los legisladores? ¿Qué esperamos de alguien que tiene una tarea tan importante como discutir y definir la letra de una ley?”, se pregunta.
En este punto, la opinión de la politóloga María Esperanza Casullo se sustenta en la empiria. La académica patagónica está de acuerdo, con límites amplios (remarcando esta amplitud) con poner coto a las reelecciones en el poder ejecutivo. Sin embargo, disiente cuando la reforma alcanza a los deliberativos. Sostiene su negativa en tres cuestiones: “normativamente, legislar es difícil, técnico, y requiere conocimientos procedimentales, llevando uno o dos años de aprendizaje”. Por otro lado, visualiza que “fácticamente, en la Argentina la duración promedio de los legisladores es mucho menor que en los ‘países serios’”. Por último, para ella los legisladores “priorizan ‘pasar’ al ejecutivo en cuanto pueden, dado que no hay incentivos para eternizarse en el cargo”. Casullo concluye que “hay un correctivo inmanente, de alguna manera, en el sistema”.
Puede agregarse un último interrogante. En términos políticos, ¿qué fuerzas se benefician con esta ley? “Ninguna fuerza. En tal caso, quienes mejor entiendan la necesidad de cambios y de oxigenación que pide el pueblo, más respaldo obtendrá” sentencia Jorge Álvarez. “Para todos es positivo” sostiene Chiconi, quien realiza un breve análisis histórico. “El fin de las reelecciones indefinidas es una idea de los intendentes peronistas jóvenes que asumieron en 2007 con una agenda para ampliar la hegemonía del peronismo y la base electoral; lo que hace Vidal es aprobar esa idea ajena. Beneficia a los sectores del peronismo que antes no podían discutir porque no tenían una interna para ganar; ahora por ahí es más fácil hacerlo sin que se fracture el partido”.
Con tonalidades más grisáceas, Tereschuk cierra diciendo que no es clara la existencia de algún beneficio para un sector político en particular en este momento. “La apuesta que hacen el PRO y el Frente Renovador como fuerzas ‘nuevas’ -esta última, relativamente- es verse beneficiadas por renovaciones obligadas”.
Agustín Alejandro Cesio