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Pasaron tres días de la fecha en la que muchos agoreros del apocalipsis adelantaron el peor de los escenarios. El pánico no se apoderó de la población, los buitres no pudieron embargar ningún bien nacional y no se registraron turbulencias económicas más allá de las financieras que venían sosteniendo en las últimas semanas una timba digna de un casino.
Por el contrario, el Gobierno decidió afrontar este nuevo escenario con más inclusión, más mercado interno y más derechos. Por un lado creó la Justicia del Consumidor que defiende a los usuarios frente a los abusos empresariales. Por otro, divulgó el segundo aumento semestral a los 7.422.886 jubilados y pensionados nacionales. Adicionalmente aún resta por incorporar los 500 mil nuevos jubilados que prontamente tendrán acceso a este beneficio gracias a la moratoria previsional lanzada hace pocos días.
Este incremento alcanzará el 17.21% totalizando en el año en un 30,47%, a nivel con las paritarias de los principales gremios. El aumento llega en buena hora debido a la continuidad del proceso inflacionario (pese a su desaceleración) que muestra sus garras más dolorosas en los rubros más consumidos por los abuelos: alimentación y remedios.
Con este incremento la jubilación mínima alcanzará los $3.231,63 y el haber promedio del sistema los $6.746,15. El mal llamado gasto público (es verdaderamente una inversión social) alcanzará los $ 375.720 millones anuales en jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas.
Es indispensable asociar ambos eventos. La defensa de la dignidad al no resignarse a firmar con los buitres cualquier cosa que implique la hipoteca del futuro nacional es la herramienta que brinda la soberanía necesaria para poder tomar estas decisiones sin condicionalidades, vetos o desfinanciamiento. Más soberanía es más inclusión social, mejor presente y mejor futuro de todos los argentinos.
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