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Argentina decidió tomar el toro por las astas. El poder judicial de los EEUU avaló en todas sus instancias el atentado a las finanzas globales de buitres que apuntan contra la integridad y soberanía de un país e intentan materializar ganancias usurarias de más del 1.600%.
Frente a la absoluta parcialidad del juez, el mediador, la Corte de Apelaciones, la indiferencia de la Corte Suprema de Justicia y la falta de una acción contundente del Poder Ejecutivo norteamericano que ni se pronuncia ni acepta otra instancia judicial, el país decidió velar por la seguridad de dos objetivos: 1) continuar con el desendeudamiento continuando con los pagos programados de deuda, 2) recuperar soberanía y preservar al total de los argentinos del pillaje internacional.
La Presidenta anunció una serie de medidas para tal fin. Primero se procederá a rescindir el contrato con el Bony como banco fiduciario (aquel agente al que se le deposita los pagos y lo distribuye entre los bonistas). En reemplazo será designado el Nación Seguros, controlado por el Banco Nación. Por supuesto que el Bony no hacía su trabajo gratuitamente, por lo cual esta decisión traerá aparejado un ahorro en recursos y divisas, pero también en soberanía económica y política.
Los bonistas que ingresaron en el canje deberán entonces cobrar sus intereses y vencimientos de capital por medio de Nación Seguros, pero también podrán optar en cambiar la legislación norteamericana por la argentina. Si bien esta última opción es voluntaria, a la luz de la “inseguridad jurídica” brindada por el Poder Judicial de los EEUU, los inversores de buena fe que esperan cobrar, optarían por cambiar la legislación. No implica que los tenedores de bonos fuera del país deban venir a cobrar a la Argentina, solamente se cambia el recorrido del dinero para alejarlo del alcance de los buitres. Nuevamente se preserva el derecho de los bonistas y se procede a ganar márgenes de soberanía en el terreno legal/judicial.
Finalmente, se procederá a depositar fondos en una cuenta especial para aquellos bonistas que no ingresaron en los canjes de deuda, y que eventualmente decidan cobrar como el 93% de los que ya aceptaron las condiciones ofrecidas. Esto ratifica la decisión de Argentina de pagar a todos los bonistas, y a todos por igual, sin que haya algunos “más iguales” que otros, como pretende Griesa.
Cuando se habla de un tema de interés nacional, como la sustentabilidad no de un modelo económico, sino de la economía argentina, deberían cerrarse filas contra el enemigo común que no distinguirá entre azules, colorados, naranjas o grises. El resultado del éxito de los buitres no es cobrar 10 o 15 mil millones de dólares, sino destruir en todos los sentidos al pueblo argentino, en su esperanza, en su trabajo, en la posibilidad del primer hogar, de estudiar, de contar con protección social para los mayores, de construir el futuro de la patria basado en el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Es hora de dejar las diferencias coyunturales de lado para afrontar a este enemigo de la patria.
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