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A las declaraciones de Mauricio Macri, quien habló del “curro” de los derechos humanos siguieron otras en el mismo tono y densidad ideológica.
El ex fiscal del juicio a las Juntas Militares, Julio César Strassera, convalidó los dichos del jefe de gobierno porteño, sobre la existencia de «un curro con los Derechos Humanos», al manifestar que tanto Madres de Plaza de Mayo como Abuelas «reciben dinero» del Estado. Además sostuvo «Aplaudo lo que dijo Macri, porque dijo la verdad. Es el curro de los Derechos Humanos».
La cadena de pronunciamientos parece no terminar ahí. Sigue con el candidato a presidente por el Frente Renovador, Sergio Massa, quien opinó que “la Argentina tiene que cerrar bien la etapa de derechos humanos”.
La actual oposición a este gobierno ya tiene su marca registrada: oponerse a las políticas del kirchnerismo aunque se emparenten con lo más rancio, retrógado y atrasado del escenario político. Estas declaraciones no son la excepción a la regla. Sin embargo, las posturas adoptadas por Macri, Satrassera y Massa en cuanto a las políticas de estado en materia de DDHH responden intrínsecamente a un posicionamiento ideológico además de político, sobre todo en los casos de Macri y Massa. Recordemos las alusiones de Cristina Fernández en respuesta a Macri por sus dichos, cuando recordó que varios grupos empresarios hicieron grandes negocios para sí mismos y grandes estafas al país en connivencia con la Junta Militar: el grupo Macri uno de ellos. ¿Serán estos vínculos, o devolución de favores, los que motivan el deseo de los presidenciales opositores a clausurar esta etapa de reparación histórica? Parece que sí.
Llama la atención que Strassera, que carga con una amplia trayectoria dentro del poder judicial, inste al gobierno a que “se finalice rápidamente con los juicios”, ¿no sabe Strassera que eso es competencia de ese poder judicial? si pretende que se termine “el curro” de los ddhh lo que debe reclamar a un poder ejecutivo es la “amnistía” de los represores, aunque claro, el fiscal niega que ese sea su deseo.
A los exponentes de la restauración conservadora en el país no les resulta tan fácil exponer públicamente sus posicionamientos sin recibir críticas, debe ser por eso que intentan disfrazar sus programas y planes de políticas públicas con excusas a modo de justificación. Emparentan la política de DDHH con el salario de un preso – garantizado constitucionalmente- , con subsidios que el estado otorga a múltiples asociaciones y fundaciones y con cualquier otro tema que sirva de chivo expiatorio a sus pensamientos más profundos.
Sería hora, de cara a las elecciones del próximo año, que jueces y candidatos presidenciales expongan públicamente y sin dobles discursos sus opiniones políticas y sus programas de gobierno.
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