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En los últimos días se destacaron dos informes de consultoras no precisamente afines al Gobierno que analizan el impacto de los subsidios en los bolsillos de los argentinos.
En los grandes medios se suelen escuchar durísimas críticas a la hora de analizar este destino de los recursos públicos. Sin embargo, estos recursos son los que permiten que los precios de los servicios públicos se mantengan en un nivel razonable, liberando recursos para el consumo. Asimismo, estas mismas voces críticas al gasto en subsidios son aquellas que sostienen un duro discurso frente a la supuesta pasividad del Gobierno frente al avance de precios. Es decir que mientras cuestionan la suba de precios y se presentan como la solución política, una de sus primeras medidas sería eliminar de plano los subsidios, acarreando como primera consecuencia un incremento sustancial en las tarifas de servicios públicos y por ende del nivel de precios general. Una paradoja.
Uno de estos informes, elaborado por el economista Andrés Chambouleyron, reveló que si el Gobierno Nacional decidiera terminar con la política de subsidios del gas, la electricidad, el agua y el transporte, los habitantes del Área Metropolitana Buenos Aires deberían disponer sólo para financiar el reajuste tarifario un monto no menor a los $ 2.360. Es decir que mensualmente, el Estado, sin que nos demos cuenta, nos mete en el bolsillo este monto. De no ser así, deberíamos pagarlo con nuestros ingresos.
En el mismo sentido, otro informe elaborado por Federico Muñoz y Asociados, refuerza esto que venimos contando. La nota detalla que en Argentina existen las menores tarifas de servicios públicos de la región. Si el Gobierno decidiera equiparar estos cargos con lo que se cobra en nuestros países vecinos, las tarifas de gas deberían subir al menos 485%, mientras que las de electricidad deberían aumentar 112% en promedio.
En relación a la energía el informe revela que «mientras en Argentina se facturan cerca de u$s 7 cada 100 KWh, el precio de la electricidad sería el doble en Chile y cerca del triple en Brasil y Uruguay».
Respecto a la tarifa de gas, los hogares argentinos están pagando un promedio cercano a u$s 0,20 por m3 de gas, muy por debajo del promedio regional. El informe es revelador: «en materia de tarifas de gas, la divergencia regional es sustancialmente mayor: nuevamente la tarifa vecina más baja es la de Chile, que supera a la argentina en casi seis veces». De esta manera, mientras en Argentina se paga en promedio u$s 0,20 por m3 de gas, en Chile se destina u$s1,17, en Uruguay u$s 1,46 y en Brasil u$s 1,7. «Es así, que una tarifa residencial en Capital Federal y Gran Buenos Aires comparada con una tarifa similar en la región, medida en pesos argentinos, es 9 veces más cara en Chile y 18 veces superior en Brasil. En el terreno de las tarifas industriales, las diferencias son mucho menores: 3 veces superiores en Chile y más de 2 veces superiores en Brasil, respecto a nuestro país».
Cuando los gurúes económicos de los medios proponen el ajuste (directa o indirectamente), este llegaría a cada uno de los hogares. Históricamente, la solución a la inflación por parte de la ortodoxia siempre se planteó de una sola manera: mediante el ajuste. Una vez que se ajusta el gasto público, el empleo, la actividad y el salario de los trabajadores, se elimina el “exceso” de demanda y se descomprimen las disputas por la apropiación del ingreso. En este retroceso colectivo resurge la disputa por la supervivencia individual, el “sálvese quien pueda”.
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