Los representantes del Gobierno griego en las negociaciones con la UE se han negado a considerar nuevas reformas laborales y en el sistema de pensiones que permitan reducir los salarios y el coste de las pensiones para el Estado. Los representantes de la troika creen que esos nuevos recortes serían imprescindibles para completar el programa de rescate con la entrega del último tramo de 7.200 millones de euros.