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En una maratónica sesión que tuvo 15 horas de discusión, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó, por 15 votos a favor y 9 en contra, el presupuesto 2015, que consta de 2.588.747.000 millones de pesos, siendo un 23% mayor que el de 2014. Desde el possismo destacan que el mismo se financia en un 62% con recursos municipales. Pablo Fontanet, edil possista, defendió esto argumentando que “San Isidro tiene un Presupuesto estructurado y se mantienen hace años las mismas proporciones”.
Leandro Martín, presidente del bloque del Frente para la Victoria, le salió al cruce afirmando que “este Presupuesto plantea un aumento de hasta el 50% en las Tasas, y se invertirá solo el 2,5% de su presupuesto en Obra Pública. Se plantea un aumento del 47% de gasto en Personal y un aumento del 174% en Publicidad y Propaganda. No se prevé invertir en la inclusión mediante la urbanización, se desinvierte en salud y no se plantea mejorar la calidad de los servicios municipales”. Agregó que “el Presupuesto se volvió discrecional al extremo, ya que se le delegó facultades al Intendente para que aumente hasta un 30% adicional las tasas sin pasar por el HCD y permite realizar transferencias entre partidas del presupuesto sin tampoco pasar x el HCD”.
En otro tema polémico, el possismo, secundado con los votos del socialismo y el GEN, avanzó con la polémica compra de los terrenos del barrio Uspallata para erradicar a las familias y posteriormente venderlos desocupados, a mayor valor. Desconociendo de esta manera, la media sanción que obtuvo en la legislatura bonaerense la expropiación de estas tierras. Cerca de la media noche, en un HCD cerrado a los vecinos, se entabló un fuerte debate con la presencia de algunos vecinos damnificados y del supuesto titular de las parcelas, el desarrollador inmobiliario O´Connor.
Pablo Fontanet, edil que si bien dice ser peronista reviste al possismo, defendiendo orgánicamente cada iniciativa política del espacio político de Gustavo Posse, en esta ocasión argumentó que “con este proyecto pretendemos darle una solución habitacional a los vecinos del barrio Uspallata, a vecinos que viven en situación de precariedad”. Marcos Hilding Olhsson de Convocación señalo que “parte del deterioro al que se refería Fontanet es responsabilidad del Gobierno Municipal al no instalar los servicios básico para un barrio. Hay una responsabilidad municipal en dejar el barrio olvidado”. “A mí un poco me avergüenza que quienes conocen perfectamente esta situación y saben que los legítimos poseedores de esos terrenos son quienes los habitan pacíficamente hace 60 años, no sean capaces de defenderlos hoy” sentenció Marcela Durrieu, la suegra de Massa, en alusión a Fontanet, con quien militó en el peronismo años atrás.
La concejala del Frente para la Victoria Yaqueline Girassolli hizo referencia a la decisión de las autoridades del recinto legislativo de impedir el ingreso a la sesión de muchos vecinos de Uspallata, quitándoles la posibilidad de presenciar el debate. Luego leyó una carta de un grupo de vecinos. Su par Fabián Brest comenzó afirmando categóricamente: “acá no hay una discusión entre legalidad y legitimidad. Acá la discusión es la defensa de intereses privados contra la dignidad de los vecinos que viven en el barrio Uspallata. También acusó al oficialismo de una política deliberada de ausencia del Estado para presionar a que los vecinos se vayan del lugar”. Finalmente Brest clarificó que lo que se pretende no es un realojamiento, sino un desalojo, ya que no existe consentimiento de los vecinos.
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