Derribando mitos: la ley de abastecimiento

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El Congreso convirtió en ley el proyecto que intenta regular las relaciones comerciales para equilibrar la desigual relación entre consumidor y empresas, crea un observatorio de precios para intentar descifrar los márgenes de rentabilidad de las cadenas de producción y actualiza la vieja ley de abastecimiento sancionada en 1974.

En una nota anterior sobre estos proyectos de ley, explicamos el sesgo distributivo y hacia la desconcentración empresarial que implicará una correcta ejecución de esta ley (http://abcenlinea.com.ar/desconcentracion-y-abastecimiento/). Por las amenazas y predicciones de la catástrofe que realizan las grandes empresas concentradas de la economía, que avizoran el avance de un “estatismo agobiante”, es que advertimos necesario abordar este tema nuevamente para explicar las implicancias, alcances y potencialidades de estas nuevas herramientas de regulación económica.

Hace pocos días, el economista Ricardo Aronskind brindó un reportaje a la revista Matices que resulta revelador por su claridad conceptual. Desde este foro nos permitimos citarlo para hacer llegar estas herramientas a todos aquellos que, a contramano de Binner, no creemos que la “mano invisible” sea el mejor regulador de la vida social argentina.

Para comenzar, Aronskind explica lo necesario que es una ley como la de abastecimiento, actualizada a los tiempos que corren: “la modificación más importante y que más molesta al empresariado es la posible ejecutividad que otorga la modificación. Los empresarios habían logrado neutralizar los efectos de las leyes a través de estas medidas cautelares que otorgaba la Justicia, porque en Argentina es muy fácil encontrar jueces amigos de las empresas, y eso hace que prácticamente no hubiera poder sancionatorio por parte del Estado. Es una justicia que actúa contra lo público en forma sistemática. No sorprende la cantidad de juicios que ha perdido el Estado a lo largo de su historia. No es nuevo, lo que pasa es que en este momento, donde es evidente el desborde remarcatorio de las empresas, es importante que haya una ley para defender en alguna medida a los consumidores”.

Respecto a las declaraciones como las de Etchevehere (SRA) que advierten que el proyecto es un avasallamiento sobre la propiedad privada, el economista es contundente: “Lo que muestra Etchevehere es que él tiene un concepto absoluto de la propiedad privada, en el sentido de que si yo soy dueño de algo, hago con mi propiedad lo que quiero. Yo puedo comprar un edificio y si quiero lo incendio porque es mío y hago lo que quiero; me puedo comprar 10 mil hectáreas y si no quiero, no las trabajo, porque es mi propiedad; tengo tierra urbana y si no quiero, no la alquilo. Todo un concepto arcaico sobre la propiedad privada, que ya fue superado en el Siglo XX, momento en que advertimos que la idea de la propiedad privada existe pero al mismo tiempo, hay limitaciones sociales en el uso de esa propiedad. Eso es lo que está discutiendo en este momento. Pero nos encontramos con la irrupción de ideas propias del Siglo 18”.

Frente al interrogante de en qué casos podría aplicarse y de qué manera, Aronskind explica con un clarísimo ejemplo reciente: “En los primeros meses del año se detectó que los laboratorios medicinales habían descargado aumentos extraordinariamente abusivos, no tenía nada que ver con el aumento de los costos. El gobierno advirtió la transgresión y aparentemente retrotrajeron precios. ¿Pero qué pasaría si en un bien de consumo popular o masivo se dan aumentos desmesurados y el empresariado se empeña en seguir explotando a los consumidores? En ese caso, detectado el problema, el gobierno podría aplicar la Ley y eventualmente forzar un retroceso de los precios. Y si el retroceso no se realiza, hay una escalada de sanciones contra la empresa. Vuelvo a lo que dijo Etchevehere: si la concepción de la propiedad es usar sus privilegios para explotar al prójimo, estamos frente a un empresariado antisocial, pero supongo que esa no es la visión de todo el colectivo empresario”.

Finalmente, el economista es optimista respecto a las consecuencias inmediatas de la aprobación de la ley: “Entiendo que el deseo del gobierno es no tener que aplicarla, que tenga un efecto disuasivo y que eso genere un mayor grado de autocontención empresaria a la hora de las remarcaciones injustificadas. Pero me imagino que por la trayectoria empresarial que tenemos en Argentina, el gobierno va a tener que aplicarla, quizás no en forma masiva, pero sí en casos paradigmáticos como para demostrar que la Ley existe y que el gobierno está dispuesto a hacerla cumplir”.

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