La Nueva Ley de Hidrocarburos y la oposición antinacional

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Actualmente está en discusión un proyecto de Ley de Hidrocarburos que volvería a poner en manos de la Nación la administración de un recurso central para el desarrollo como es la energía. Desde un tiempo a esta parte el gobierno nacional ha llevado a cabo medidas que se enmarcan en la idea de desarrollo económico con inclusión social. A lo largo de estos años de experiencia kirchnerista se han multiplicado políticas de ensanchamiento del mercado interno a partir de políticas de distribución progresiva del ingreso como la AUH o el fomento a la generación de empleo; así como políticas de recuperación del control de los recursos naturales como renacionalización de YPF.

En los últimos días comenzaron a levantarse las voces opositoras como la del ex-menemista y actual senador massista Juan Carlos Romero. Romero se ha manifestado en contra con argumentos tales como que la nacionalización de la administración de los hidrocarburos supone un atropello al federalismo y un revés al desarrollo regional. Lo que Romero oculta, es la historia de la federalización de ese recurso central para el desarrollo. La federalización de los recursos hidrocarburíferos y mineros se llevó a cabo como parte del proceso de destrucción del aparato productivo encarado por el neoliberalismo en su etapa de desguace del Estado Nacional, reduciendo a las provincias a meros enclaves de transnacionales extractivas que si bien dotaron de minúsculas regalías a las provincias, estuvieron muy lejos de orientarse al desarrollo de las mismas. Romero dijo «todos los beneficios quedarán para la Nación; nada para las provincias». Esto desnuda un problema central, y es que las regalías son tomadas por las provincias como “beneficios”, que no forman parte de una estrategia de desarrollo. Vender petróleo en esta concepción es lo mismo que vender caramelos. Pero los hidrocarburos están íntimamente relacionados con la producción de la energía necesaria para la industria, industria de la que Romero no dice absolutamente nada.

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Romero dijo «todos los beneficios quedarán para la Nación; nada para las provincias». Esto desnuda un problema central, y es que las regalías son tomadas por las provincias como “beneficios”, que no forman parte de una estrategia de desarrollo

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El Senador massista además dijo que el proyecto socava “la diversidad federal, geográfica e ideológica”. Sorprende que el senador no sepa que no existe país en el mundo que dirima su diversidad ideológica en un tema como la energía, para eso están las urnas. Es que la energía al ser un componente estratégico del desarrollo debe formar parte de una política nacional unificada y consensuada.

Por otra parte, el Senador dijo que “esta ley no es un camino de superación, es la muestra de un fracaso (…) Hace más de 15 años que en Argentina no hay inversión seria en petróleo”. No podemos más que estar de acuerdo con el Senador respecto de que esta Ley viene a resolver el fracaso de las políticas neoliberales de privatización de los recursos. Por otra parte viene a resolver el carácter pasivo que han tenido las provincias que lejos de intervenir en la inversión y la producción se dedicaron a cobrar el diezmo a costa del desarrollo nacional.
La Argentina atraviesa hoy una encrucijada en que puede lograr el autoabastecimiento energético o perder esta oportunidad histórica y seguir en una posición subordinada respecto de las economías desarrolladas, con el peligro de reproducir el modelo centro-periferia ahora respecto de las economías emergentes.

Nuevamente se expresa en esta problemática el carácter antinacional de los opositores que pretenden que políticas de tamaña envergadura se reduzcan a diatribas politiqueras, canalizando las opiniones formadas de un público desinformado hacia una inmediatez destructiva. Ya no son opositores a un gobierno, sino a la Argentina.

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