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En la jornada de ayer se dieron a conocer las primeras declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, respecto al litigio judicial que enfrenta a la Argentina con los tristemente célebres fondos buitres. El titular del máximo tribunal se pronunció de forma categórica al afirmar que “los fallos judiciales hay que cumplirlos, en la Argentina y en todos lados.”
De sus “doctas” palabras se desprende la idea que impulsan sectores políticos como el PRO del ingeniero Mauricio Macri y el Frente Renovador de Sergio Massa que propugnan el acatamiento total por parte del gobierno argentino del fallo dictado por el juez Griesa. Tales posiciones pregonan que el Estado argentino adopte una actitud meramente pasiva, anulando así cualquier tipo de oposición que tienda a la defensa genuina de la soberanía nacional. Como si no se tuvieran a disposición otros resortes e instrumentos de cuales valerse para salir lo más posiblemente incólumes de este pleito judicial.
El señor Ricardo Lorenzetti parece estar más concentrado en su apuesta política que por los intereses nacionales. O mejor dicho, pareciera querer demostrarle a ciertos sectores que el joven Mauricio y el próspero de Massa no son los únicos que se muestran dispuestos a reproducir y propagar las palabras que ellos quieren escuchar.
Las palabras de Lorenzetti nos condenan a una pasividad obediente que en esta circunstancia tan delicada es sinónimo a desvalorización de nuestra soberanía. Perecen propias de un resignado que viene a proponer la entrega total.
Estimado lector, para pasar en limpio: las palabras del titular de la CSJN son de contenido exclusivamente político. A lo largo de sus declaraciones en ningún momento se vislumbró un discurso sostenido en su formación jurídica. Pareciera ser que Lorenzetti proyecta más hacia su futuro, olvidándose del cargo relevante que ocupa en la actualidad. Así fue que el presidente del máximo tribunal no decidió hacer hincapié en el cuestionable accionar de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Acaso no se indaga ¿qué dirían los consorcios mediáticos nacionales si el tribunal supremo que él comanda delegara en un juez provincial (imaginemos un magistrado de Avellaneda como bien propuso Zaffaroni) la facultad de decidir sobre la soberanía económica de un país del continente? Porque eso mismo decidió la Corte estadounidense al expresar su desinterés en conocer el caso argentino. Le entregó a Griesa el poder absoluto de decisión, siendo éste lo que aquí se conoce como un juez provincial. Quizás, tras conocerse sus palabras, Lorenzetti consiga su premio merecido.
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