Los magistrados salen al cruce de la Presidenta: «El judicial no es un partido, sino un poder del estado»

 

 

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El pasado sábado, la Presidenta de la Nación se refirió a la movilización del 18-F, y en una extensa presentación afirmó que dicha manifestación fue «el bautismo de fuego del partido judicial».

Sin embargo, la respuesta por parte de los fiscales no se hizo esperar, y el día de hoy, a través de un comunicado de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional sentaron posición.

«El Judicial no es un partido, sino un poder del Estado. Independiente de los otros, como los tres deben serlo entre sí. Cada uno con sus objetivos y su órbita de actuación. Con los leves márgenes de superposición destinados al recíproco y constitucional control. Fuera de ese marco de control cualquier intromisión resulta inadmisible».

Por su parte, el texto firmado por la entidad que preside Ricardo Recondo, rechaza lo que entienden como una «reiterada y metódica amenaza» por parte del Poder Ejecutivo, y consideran que «resulta impropia de un sistema republicano». Sobre esto, denuncian que es una actitud «solo entendible como un vulgar intento de presión y condicionamiento».

En tanto, destacan que «No son destituyentes ni golpistas los que opinan distinto o señalan errores. El único partido al que pertenecen los miembros del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos es el de la Constitución, forjado desde la institucionalidad».

Del mismo modo, desde la Asociación de Magistrados recordaron la persecución del kirchnerismo contra la Justicia: «Quienes ahora acusan partidización han pretendido, infructuosamente, partidizar al Poder Judicial y a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Lo han intentado, incluso, desvirtuando los objetivos y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Como no lo han logrado más que con una pequeña parte de sus integrantes, intentaron luego –con menos éxito aúnfracturarla. Pero solo han conseguido fortalecerla aún más en sus convicciones democráticas y republicanas».

Finalmente, afirman que «los funcionarios judiciales no gobernamos ni deliberamos. Nuestra misión, asignada en la oportunidad fundacional, es asegurar la vigencia de la Constitución y las instituciones que ella ha erigido. Esa es la única tarea que nos da sustancia, dirección y fin».

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