Los medicamentos públicos como bienes sociales

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Diputados del Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap). La Anlap nuclearía a los casi 40 laboratorios públicos de medicamentos del país para, por un lado, promover la investigación, el desarrollo científico, tecnológico e industrial, y por el otro, propiciar políticas que favorezcan la accesibilidad a los medicamentos.

Según el proyecto de ley, la Anlap constituiría una entidad autártica en el ámbito del ministerio de Salud con plena capacidad para actuar en los ámbitos del derecho público y privado. Su antecedente, la Ley de Producción Pública de Medicamentos, fue aprobada hace tres años y espera su reglamentación.

El proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos establece el diseño de políticas para la investigación científica y producción de medicamentos, materias primas, vacunas y productos médicos con el fin de garantizar un acceso equitativo. El espíritu de democratización de la salud que este proyecto de ley tiene se deja ver cuando refiere a los medicamentos como “bienes sociales”.

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Este proyecto de ley no sólo expresa la voluntad de articulación interinstitucional estatal y privado, y de orientar las investigaciones financiadas con recursos del Estado al desarrollo social, sino también y fundamentalmente la voluntad de democratizar la accesibilidad a los medicamentos para garantizar, en parte, el derecho a la salud.

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Las políticas públicas previstas desde la Anlap también contemplan la promoción de acciones conjuntas para procurar mejores condiciones en la provisión de insumos y mayores posibilidades de inversión, además de la asistencia técnica y posibles convenios con universidades y otras entidades estatales para realizar controles de calidad.

La definición de políticas de reducción y sustitución de importaciones, impulsó a las exportaciones del sector y a la investigación y el desarrollo por parte de los laboratorios públicos y privados, dan a la propuesta un espíritu alentador para un verdadero cambio en el mercado farmacológico que favorezca más al conjunto de la sociedad y menos a los intereses privados.

En definitiva, este proyecto de ley no sólo expresa la voluntad de articulación interinstitucional estatal y privado, y de orientar las investigaciones financiadas con recursos del Estado al desarrollo social, sino también y fundamentalmente la voluntad de democratizar la accesibilidad a los medicamentos para garantizar, en parte, el derecho a la salud.

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