Por Pablo Papini
Esta serie entra en receso a partir de hoy. Creyendo cumplido su objetivo en cuanto a participar de la caracterización del nuevo ciclo histórico, y con satisfacción. Tanto por haber recogido buenas repercusiones acerca de sus aportes, como por haber captado cierta sintonía colectiva: durante el mismo lapso, varias otras publicaciones han emprendido trabajos similares. De entre todas ellas, destaca la muy recomendable realización de La Izquierda Diario, con reportajes larguísimos a Carlos Pagni, Horacio Verbitsky, Julio Blanck y José Natanson sobre la transición, y todo cuanto de ella deriva de cara al futuro –como asimismo respecto del pasado que la determinó–.
En cualquier caso, y más allá de todos los matices –que abundan–, es posible sentenciar que hay un consenso mínimo, básico: estamos ante algo más que un mero recambio de elenco dirigencial en Casa Rosada. Estipulado ello como marco de referencia conceptual, el análisis de coyuntura podrá próximamente diversificarse hacia otros territorios, tomando aquel criterio como catapulta. La semana que hoy culmina fue especialmente generosa en lo que a la dinámica que aquí se ha descripto en relación la época en curso se refiere. La sintetiza la sucesión de hechos que se dispararon con la crisis del tarifazo planificado por el presidente Mauricio Macri. Hacía allí vamos.
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Escribimos hace quince días que el gobierno nacional subjetiva a los subsidios como elemento nocivo per se. Lógico: si pudiera convencer de eso, se le facilitaría su eliminación. Pero como bien insiste en alertar Claudio Scaletta allí donde tenga oportunidad, ésa es la caja chica del brutal ajuste en los precios de los servicios públicos: el punto central en este asunto es el aumento de renta concedido por la CEOcracia a las empresas prestadoras. Toda una declaración de principios, ésa. Frente a ello, todo lo demás es secundario. También los errores técnicos, aunque los hay –el mejor equipo en cincuenta años ahora reconoce estar recién en fase de aprendizaje–; y ni que hablar de los abusos cometidos: si se hubiesen convocado las famosas audiencias públicas constitucionalmente establecidas como requisito para un incremento en las facturas, se habría evidenciado la voluntad de transferir riqueza de modo Hood Robin.
Ya puertas adentro, y oficialmente, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, sinceró que el 7% de déficit fiscal es solamente un libreto televisivo: admite apenas 1,9%. Es más benévolo con su antecesor, Axel Kicillof, que el mismísimo actual diputado nacional porteño, quien cantó 2,3%. El debate filosófico que surge de este drama es, con todo, lo más apasionante: ¿tiene la gente derecho a que su salario alcance para algo más que garantizar y reproducir su subsistencia? Con enunciarlo en ley no alcanza: ¿debe operar el Estado para concretar ese programa?
Pagni explicó ante LID el credo que, estima el circuito político y socioeconómico que él vocea, organiza la vida pública argentina: cualquiera sea el tema que se considere, a priori, haciendo abstracción de la experiencia y de las condiciones en que se despliegue la polémica, lo nacional prima sobre lo extranjero, los pobres sobre los ricos y lo estatal sobre lo privado. No importa aquí detenerse a analizar la mayor o menor veracidad de esos postulados. Ello al margen, en base a tal hoja de ruta se conduce el establishment. Son las raíces que echó el peronismo, la forma que adquirieron en Argentina los topes que una ciudadanía plantea a la pulsión siempre expulsiva, y esencialmente minoritarista, del liberalismo. De ahí la supremacía que, en términos democráticos regulares, marca el movimiento fundado por el general Juan Domingo Perón.
Con la consagración vía balotaje no basta para torcer el arraigo de las convicciones que Pagni señala como última ratio a combatir. El sindicalismo nacional, por caso, es incluso una cultura.
Dice, y bien, Luciano Chiconi, en Panamá Revista, que el ex alcalde cabano ha priorizado, en siete meses desde su asunción, más las relaciones con el peronismo que gobierna que con sus socios radicales. Pero omite un detalle: el rol que el Mani Pulite ha jugado en la, por así llamarla, construcción de acuerdos parlamentarios. Juan Manzur fue desprocesado en la causa Qunitas recién cuando ofreció suficientes pruebas de confiabilidad a Balcarce 50. Hace bien el gobernador tucumano: no es para mártires esto, ni una batalla es la guerra. Pero la funcionalidad de los jueces ya resulta indesmentible. A mediados de esta semana, cuando la política empezó a responder al clamor popular contra el tarifazo, casualmente la Policía Bonaerense recordó que todavía, a más de un mes de estallado el escándalo, conservaba un video de José López.
No se trata de negar ese choreo, valga la aclaración. Un par de horas antes, intentando tomar por idiota a todo el mundo, el diario La Nación publicó como imprevisto un mano a mano con el ex espía Antonio Stiuso, donde no se leen más que anuncios de pestes para el kirchnerismo.
Todo burdamente obvio, pero entendible: Macri está empantanado con una economía que no reacciona, mientras en sus inmediaciones no paran de patear la pelota de la recuperación para adelante. Consciente de que sólo circunstancialmente encabeza un proyecto de miras mucho más amplias que las de su período institucional, y de que sus bases de sustentación están decididas a que esta vez es la decisiva, sabe que es demostrando destreza en la ejecución de un diseño que lo excede que asegura su posterioridad política. Nada sencillo: para consolidar su propuesta, se le impone triunfar en 2017… pero quienes dictaminarán eso, los votantes, son el pato de esta boda.
Ése es el contexto de operaciones cuyo ingrediente fundamental, por supuesto, es la realidad.
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El alza relativo de precios (suben todos excepto los sueldos) es por el momento el único aliado fiel del Presidente. Lograda con ella buena parte de la redistribución regresiva del ingreso deseada, la segunda etapa del plan económico de Cambiemos se manca si no prospera el tarifazo. Ahora hay por delante la edificación de otra arquitectura de reparto, en la trama de una gestión que, además, ha renunciado a enorme cantidad de recaudación progresiva (retenciones, por caso) mientras sigue vigente la que pesa mayormente sobre los segmentos más débiles de la sociedad. En lo sucesivo, el Estado gasta menos, y a los fines de cristalizar la desigualdad de mercado.
El laberinto del Mani Pulite es su inaplicabilidad sobre la población, que no se resigna a ceder calidad de vida sin estallido que la obligue a lo contrario, y no siendo apto –en apariencia– el relato PRO para modificar esa tradición. Sobre todo, porque mineras/bancos/cerealeras/petroleras no están compartiendo esfuerzos en el pago de la fiesta denunciada: ergo, estamos frente a otra cosa, muy distinta. Y con las urnas a la vuelta de la esquina. El expediente llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde Ricardo Lorenzetti y sus colegas son el recurso final de la gesta en cuestión.
El titular del máximo tribunal se enfrenta a un callejón angosto, por las contradicciones que incumbe su resolución: si convalida el desastre de Juan José Aranguren y compañía, devuelve robustez a Macri, a quien planea reemplazar: en armonía con la moda, pero al costo de sacrificar ambiciones personales. Si, en cambio, fulminara sin más la política oficial, habrá lastimado al jefe del Estado, pero también el favor del Círculo Rojo con que cuenta hasta el día de la fecha. Aplazando todo hasta, en principio, agosto, Lorenzetti apuesta a que el tiempo haga lo que él no puede; y concomitantemente, expone que, así, tiene, en buena medida, a su rival en sus manos.
El peronismo, aún disgregado como está, ha hecho mucho por forzar este escenario de tensión: sea en su versión kirchnerista (los amparos que consiguieron Jorge Ferraresi y algunos diputados provinciales en La Plata), o más bien independientes (éxitos idénticos de Gabriel Katopodis y Verónica Magario). Ha quedado claro que hay agenda y herramientas para viabilizarla, pese a todo. Pero la palabra final está en boca de personajes ajenos a los intereses populares: los tribunales son un muro de contención contra quienes impugnan los statu quo.
Para evitar que se diluya el ruidazo, la puesta en juego de un sujeto social capaz de exigir límites a Macri, hace falta traducirlo en representación alternativa conjugando piezas que son de mayorías.
En definitiva, no más que la constatación de que la mejor defensa es siempre un buen ataque.