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La asunción anticipada por parte de Carlos Menem del Poder Ejecutivo Nacional (08/07/1989) contó con el acuerdo del partido saliente (UCR) en cuanto a la sanción de dos leyes paradigmáticas del nuevo gobierno y su concepción acerca del rol que debía ocupar el Estado en el nuevo contexto histórico. En primer lugar, la Ley de Emergencia Económica, caracterizada principalmente por la *suspensión de subsidios y subvenciones, *reforma de la Carta Orgánica del BCRA, *suspensión de los regímenes de promoción industrial, *regímenes de promoción minera, *régimen de inversión extranjeras, *suspensión del compre nacional, *congelamiento de las estructuras del personal existentes, entre otras. En segundo lugar, la Ley de Reforma del Estado, destacándose por su aspecto privatizador de empresas estatales, concesionar servicios públicos y transferir servicios sociales a las provincias.
Precisamente, el proceso de transformación educativa desarrollado durante la década de los ’90 se inscribe en el proceso de reforma del Estado y de descentralización, privatización, y desregulación de los servicios sociales, encontrando puntos de coincidencia con los procesos de reforma estructural que se implementaron en casi todos los países de América Latina. La implementación de la reforma de los ’90 redefinió el rol docente del Estado.
En el marco de un gobierno de corte neoliberal y la aplicación de reformas con ese tenor sobre el Estado Nacional, tiene lugar la sanción de: 1. Ley Federal de Educación (24.195/93) y 2. Ley de Educación Superior (24.521/95). Sobre la 24.195 sobresale la nueva estructura del sistema educativo argentino, siendo: 1) Educación inicial, 2) Educación General Básica, 3) Educación Polimodal, 4) Educación Superior, 5) Educación Cuaternaria. Además de fijar la obligatoriedad de 10 años (1 año de Educación Inicial y los 9 años correspondientes a la Educación General Básica).
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En cuanto a la 24.521 se destaca su carácter sistémico sobre todos los establecimientos universitarios y no universitarios, ya sean de gestión pública o privada. La creación de la CONEAU, la posibilidad de arancelar los estudios de grado, la creación de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior, el Consejo de las Universidades, entre otros.
Ahora bien, en términos comparativos entre los gobiernos neoliberales (1989-2002/3) y los gobiernos neodesarrollistas con inclusión social (2003-2014) debemos señalar como un primer punto de quiebre la sanción en 2003 de la Ley de Garantía del salario docente y 180 días de clase (25.864) dado principalmente su carácter “reparador” en tanto que contempla la posibilidad de que el PEN asista económicamente a aquellas jurisdicciones que no estén en condiciones de saldar deudas salariales con los trabajadores de la educación. Por otro lado, en el año 2004 tuvo lugar la Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente (25.919) la cual prorrogó por cinco años el Fondo Nacional de Incentivo Docente próximo a vencerse, destinado al pago de salarios de trabajadores de la educación.
Durante el año 2005 tuvieron lugar: 1) la Ley de Educación Técnico-Profesional (26.058) que consistió, principalmente, en la recuperación de la educación técnica, olvidada en la Ley Federal de Educación de los noventa propia de un contexto de desindustrialización y del achicamiento desde el Estado Nacional del sistema de ciencia y técnica. Y 2) la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) que consagró que la inversión en educación, ciencia y tecnología debiera alcanzar para el año 2010 un 6% del PBI.
En al año 2006 tiene lugar la sanción de otras dos leyes en materia educativa: 1. Ley Nacional de Educación Sexual Integrada (25.864) que establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal»; y 2. Ley de Educación Nacional (26.206). La 26.206 incorpora lo sancionado unos meses antes en cuanto a destinar no menos del 6% del PBI a educación. Asimismo, también rechaza la concepción mercantilista de la educación y el conocimiento de la Organización Mundial de Comercio, unifica los niveles de educación (*Inicial, *Primaria, *Secundaria y *Superior) y eleva la obligatoriedad en 12 años.
En materia de legislación de la educación superior, en la inauguración de las sesiones del Congreso del año 2008, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que “este año debemos sancionar una nueva LES”, sin embargo, y principalmente, el conflicto político con la Mesa de Enlace modificó su agenda de gobierno y la modificación de la LES nunca más volvió a entrar en ella. Al momento, gozan de estado parlamentario siete proyectos de ley impulsados por: Adriana Puiggros (FPV), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (PRO), Eduardo Amadeo (FR), Victoria Donda (UNEN) y Roy Cortina (PS).
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