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Luego de que esta semana el represor Ernesto “Nabo” Barreiro indicó datos sobre la posible ubicación de restos de víctimas del terrorismo de Estado en el juicio sobre La Perla, en Córdoba, el juez Ariel Lijo, que entiende en la causa sobre la posibilidad de que la hija del represor haya sido apropiada, destacó en diálogo con radio Vorterix que la investigación en curso está “firme”.
Por otro lado, las revelaciones del Barreiro en el marco de la megacausa por delitos de la última dictadura cívico-militar en Córdoba, en las que señaló tres lugares donde habrían sido enterradas 25 víctimas, significaron un giro sin precedentes en la estrategia de los acusados. Sin embargo, otras declaraciones resultaron muy llamativas. “Alguien tomó la decisión de no traerme a Córdoba cuando me detuvieron en 2007. ¿Por qué no querían que esté en Córdoba? Porque podíamos organizarnos para defendernos. Como estamos organizados ahora”, aseguró en referencia a otros imputados en la causa quienes ya adelantaron que brindarán más datos.
Barreiro afirmó además que el pacto de silencio respecto de lo sucedido en la dictadura fue de los generales y no de los subordinados, lo cual constituye el mismo argumento que en 1987 esgrimieron los carapintadas que se alzaron para reclamar la ley de Obediencia Debida. Movimiento militar que tuvo también como protagonista destacado a este represor, que por aquel año revistaba en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército de Córdoba. Luego, habiendo sido beneficiado por dicha ley de Obediencia Debida, en los años noventa Barreiro fundó el Modin junto con Aldo Rico, se acercó al menemismo de la mano de la Felac, la fundación de Alberto Kohan, y trabajó como asesor de la familia Trusso, propietarios del quebrado Banco Comercial de La Plata. En 2004 se radicó en The Plains, en el estado norteamericano de Virginia, siendo extraditado hace seis años.
Barreiro se encuentra imputado por 518 delitos: 228 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravadas, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y la sustracción de un menor de 10 años.
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