El diario La Nación saludó la consagración presidencial de Maurizio Macrì dedicándole, en la edición del día siguiente a la segunda vuelta en que derrotó a Daniel Scioli, una de sus clásicas editoriales anónimas, reclamándole, palabras más/palabras menos, clausurar la política de Memoria, Verdad y Justicia que inauguró Néstor Kirchner con su asunción al Poder Ejecutivo nacional. Diez días antes del 25 de mayo de 2003, alrededor del mismo tema, el ex gobernador de Santa Cruz había merecido idéntico trato del subdirector e ideólogo del mentado matutino, José Claudio Escribano, cuyo comentario sobre la renuncia de Carlos Menem al balotaje que lo habría enfrentado al santacruceño por la primera magistratura constó del famoso pliego de condiciones que debería cumplir el destinatario si quería evitar que su gobierno, entonces aún no nato, durase apenas un año.
Entre las exigencias, como se recordará, estaba el de consolidar definitivamente la impunidad respecto de los crímenes cometidos por la última dictadura militar, que había empezado con las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, y perfeccionado con los indultos a los comandantes condenados en 1985, al cabo del juicio a las juntas de gobierno 1976/1983. Algunos fallos de tribunales inferiores, e investigaciones de magistrados extranjeros –que se consideraron competentes interpretando que los delitos de lesa humanidad comprometen a cualquier juez a nivel global–, habían comenzado en 1998 a filtrar actuaciones por las finas hendijas que la legalidad inconstitucional –y precaria– diseñada por Raúl Alfonsín y Carlos Menem descuidaban: por ejemplo, no se había perdonado el robo de bebés a los detenidos/desaparecidos.
Se trataba de una maniobra que excedía, y en mucho, a Escribano. Kirchner una vez contó que Eduardo Duhalde, su predecesor y artífice de la arquitectura de su postulación, en el corto lapso de transición que hubo aquel año, lo notificó de una sentencia que la Corte Suprema de la mayoría automática tenía a la firma para frenar la reversión que empujaban los jueces de grado. El ex gobernador bonaerense nunca desmintió lo narrado por su otrora socio. Con eso, más la amenaza de dolarizar la economía también desde el Palacio de Justicia, el establishment craneaba la domesticación del gobierno con que la sociedad argentina procuraba la sanación del drama de 2001. Pretendiendo demencialmente abstraerse de lo acontecido en el epílogo del delarruismo; que lo fue, en realidad, por completo de un esquema: político, económico, social y cultural.
El recambio venidero en Balcarce 50 abre, creen estas mentes afiebradas, la oportunidad para negociar un nuevo olvido, presumiblemente a cambio de apoyo al gobierno naciente
Kirchner explicó que para evitar eso tuvo que engañar a Duhalde, solicitándole que mediara ante el tribunal máximo para que se pospusiera tal fallo hasta después de su ascensión, para, así –agregó–, arrancar su gestión liderando un mojón en la (por muchos así llamada) reconciliación, el que capitalizaría en el marco de su débil posición originaria. Le fue concedido y, una vez que se sentó en el sillón de Rivadavia, incumplió el pacto/ardid que había propuesto.
El resto de lo sucedido en materia de DDHH en doce años de kirchnerismo es historia harto conocida. Lo que interesa conceptualmente del asunto es, bien ha dicho Alejandro Horowicz, que el rol jugado por la igualdad ante la ley (mismo delito/misma pena) en la recuperación, ampliación y elaboración de derechos ha sido fundamental. Añade el autor de Los Cuatro Peronismos que ello es debido a que el carácter de ciudadanía juega de clave de bóveda en nuestro sistema, que se robustece si se lo blinda de excepciones aptas para habilitar intentos de daños a su malla de protección.
Convendría sumar algo más a ello: la violencia guerrillera fungió de mero pretexto que el infantilismo de cierta militancia insubordinada a la conducción del general Perón casi sirvió en bandeja a las FF.AA. para que éstas, agitando temores y anhelos de autoridad, procedieran, y con consenso, disfrazando el propósito que verdaderamente subyacía en todo lo ejecutado durante esos siete años: de la erradicación de la Argentina vertebrada por el peronismo del ‘45 se habla, en primer lugar; así como del activismo popular que la resguardaba con su dinámica reivindicativa. A sangre y fuego se reemplazaría un orden por otro. Cuya desarticulación, huelga decir, todavía se litiga.
El debate por la edificación de lo nuevo, pues, depende en gran medida de la posibilidad de exponer con claridad que la contradicción esencial en que se coció todo aquello es la de un proyecto de país que era inviable a través de las urnas y con plena vigencia de los derechos y garantías de la institucionalidad republicana, escollos que se sortearon por medio de un genocidio planificado desde el Estado ocupado ilegal e ilegítimamente. 2001 es prueba suficiente de que un estallido sólo se puede postergar cuando la gobernabilidad se asienta en la exclusión sistematizada, como prácticamente profetizó Rodolfo Walsh en su célebre Carta Abierta a la Junta Militar.
El recorrido judicial de la revisión de ese pasado se acerca ahora hasta las culpas que le caben a la pata civil. Que, de mínima, prestó colaboración; pero que en lo más probable haya resultado el sujeto social que promovió, pensó, organizó y sustentó el golpe. Del que fueron, además, beneficiarios. Para no abundar y aburrir en lo jurídico, basta con mencionar el nuevo artículo 36 de la Constitución Nacional reformada en 1994, que hace pasibles de sanciones civiles y penales a quienes “usurparen funciones previstas para las autoridades” en la ley primera de la Nación o en la de las provincias.
Se viene acumulando jurisprudencia que hace lugar a la imprescriptibilidad también de las demandas patrimoniales de familiares de desaparecidos contra empleadores cómplices en tales crímenes, toda vez que, se considera, fueron pieza vital para la concreción del plan económico anunciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz –fragmentos extractados casi textualmente de uno de los veredictos aludidos–. Carlos Pedro Blaquier, de Ingenios Ledesma; y Vicente Massot, del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, pueden por su parte dar cuenta sobre el avance de la cuestión en su faz penal. Dicho sencillo: le sobran al establishment motivos para preocuparse.
Macrì no es culpable de las pulsiones violentas de un circuito que objetivamente se siente partícipe de su triunfo. Pero como nuevo jefe de Estado tiene el deber de operar en el sentido que lo requiera la normal prosecución de la tarea de los tribunales. Se pondrá así a reto su capacidad para domar empellones autoritarios que lo rodean
Siendo que el texto de La Nación en estudio surge de la pluma de su directorio, lo hasta aquí escrito ubica en su justa dimensión las aspiraciones de la embestida. Existen expedientes calientes que los involucran: el más mediático de los cuales angustia también a los jerarcas del Grupo Clarín por la compra de Papel Prensa. Pero conviene no ser ingenuos creyendo que allí se agota la cosa, y menos en los pesares de ancianos militares que mancharon sus manos en provecho ajeno para acabar como los únicos patos de la boda. Es el voceo de una protesta corporativa más extendida. El recambio venidero en Balcarce 50 abre, creen estas mentes afiebradas, la oportunidad para negociar un nuevo olvido, presumiblemente a cambio de apoyo al gobierno naciente.
Macrì no es culpable de las pulsiones violentas de un circuito que objetivamente se siente partícipe de su triunfo. Y que no distinguen entre un gobierno peronista y otro que se sitúa en la vereda de enfrente a esa familia cuando quieren ponerse de sombrero la democracia. Pero como nuevo jefe de Estado, y por ende uno de los máximos responsables de vigilar el cumplimiento de la ley, tiene, sí, el deber de operar en el sentido que lo requiera la normal prosecución de la tarea de los tribunales, sin torcerse en ni un milímetro siquiera de su devenir vigente. Se pondrá así a reto su capacidad para domar empellones autoritarios que lo rodean. Tiene, por ahora, el mérito de haber constituido un partido que permitió que segmentos que repetidamente han recurrido a las armas para plantear sus intereses, se expresen con métodos regulares en la disputa electoral. Su desafío de mantener ese equilibrio ejerciendo el oficialismo es, y por muy lejos, más arduo.
Debe saber el presidente electo que cuenta con una ancha sociología, que por estas horas celebra la identificación del nieto 119, para respaldarse, más allá de sus diferencias particulares.
Y quienes antojan una marcha atrás, que tendrán que dirimir eso con mucho más que sólo Macrì.
Pablo Papini