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Con el apoyo de todas las bancadas, y tras haber sido aprobado en Diputados el 12 de noviembre, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Agricultura Familiar que declara de interés público a los pequeños productores, campesinos e indígenas, reconociéndolos en el rol estratégico que ocupan en la producción de alimentos en Argentina y en la soberanía alimentaria. El proyecto fue aprobado por unanimidad con 65 votos positivos.
«Es necesario el diálogo y el trabajo junto a las organizaciones de agricultores familiares, campesinos, indígenas que son quienes dan vida a esa Argentina profunda», sostuvo el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela.
La Ley de Agricultura Familiar es la concreción de un histórico reclamo del sector. Algunos puntos centrales son la titulación de tierras, la corresponsabilidad gremial, el asociativismo y la educación agraria. Asimismo, incluye temas como el afianzamiento de la población en territorios rurales de manera que haya una ocupación armónica de las tierras rurales, y el arraigo rural para que los jóvenes encuentren condiciones favorables para poder quedarse en los campos.
Entre los puntos más destacados de la nueva norma, también se encuentra el artículo 19 que impide la ejecución de desalojos de familias campesinas. Según indica el proyecto se suspende los desalojos por 3 años para las familias con derechos adquiridos por haber vivido en los lugares en conflicto, aunque no tengan titularidad sobre las tierras. Para ello, se creará una Comisión Nacional de regularización dominial de la tierra rural, que estará integrada por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y el Registro Nacional de Tierras del Ministerio de Justicia.
Según reza el texto, la nueva Ley tiene la «finalidad prioritaria de incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria, generando condiciones favorables para la radicación y permanencia de la familia y de los jóvenes en el campo», así como «asegurar el abastecimiento de alimentos saludables y a precio justo aportando estratégicamente a la sustentabilidad energética y a la preservación del ingreso» y fomentar el agregado de valor en la producción primaria y la generación de desarrollo local.
En esa línea, propone el fortalecimiento de la organización de los productores familiares. Los temas específicos más relevantes que el proyecto prevé incluyen beneficios sociales, impositivos y previsionales para los productores agropecuarios familiares, sanidad agropecuaria, certificaciones, políticas culturales y créditos a tasas subsidiadas para fomentar la producción.
Asimismo, se plantea «garantizar que los derechos de acceso y a la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales en general, las semillas, el ganado y la biodiversidad estén en manos de aquellos que producen los alimentos» y el «desarrollo de políticas de comercialización que garanticen la colocación de la producción local en mercados más amplios».
El proyecto convertido hoy en Ley de Agricultura Familiar contiene propuestas consensuadas y trabajos de la FONAF, del Frente Agrario Evita, del MNCI-Via Campesina, ACINA, y del Frente Nacional Campesino. Su presupuesto será de 1.500 millones de pesos y lo reglamentará el Ejecutivo de manera inmediata, ya obtenida la sanción del Congreso.
Cerrar el 2014, decretado “Año de la Agricultura Familiar” por la ONU, con la aprobación de la nueva Ley de Agricultura Familiar que otorga mayor cantidad de derechos a los pequeños productores (campesinos e indígenas) es la forma más esperanzadora de empezar el 2015 y de proyectar una mayor profundización del modelo en los próximos años desde los motores urbanos y desde el corazón de la tierra.
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