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A través de un fallo, dos jueces de la Sala II del Tribunal de Impugnación anularon la promoción penal planteada contra el candidato a gobernador por el Frente Renovador de Sergio Massa, Juan Carlos Romero y contra el ex diputado nacional Walter Wayar, entre los más destacados, por fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función.
El fallo, según fuentes judiciales, llegó después de más de un año de que uno de los magistrados, tuviera la causa en su despacho. Se trata del expediente Nº 20565/10 que investigaba tres dudosas operaciones inmobiliarias autorizadas por el ex gobernador. Esta causa fue abierta el 2 de noviembre de 2011 a partir de una promoción penal de la ex agente fiscal 3, Emma Puente, quien pedía que se investigue la compra y venta de terrenos por parte de la empresa Mercado S.R.L., sociedad que luego vendió dichas propiedades a precios considerados excesivos a la Provincia.
Por estas tres operaciones, una ex fiscal pidió las correspondientes investigaciones, puesto que en dos casos, las compras y ventas se hicieron en el mismo día, con lo cual era evidente que no se cumplieron los pasos administrativos y legales del caso por parte del estado provincial. En vista de ello, la promoción, como requisito fundamental para iniciar la investigación, se realizó de manera supuesta sobre Romero, Castillo y todos los ex funcionarios que tuvieron participación en los pasos administrativos y legales en las tres operaciones.
Después de un año, los jueces de la Sala II del Tribunal de Impugnación entendieron que la promoción estaba mal hecha, puesto que no especificaba en detalle el accionar de cada uno de los acusados, olvidándose que eso era lo que la fiscalía pedía que se investigue. De esta manera, y amparándose en un aspecto formal, los dos camaristas decidieron declarar la nulidad del requerimiento, y con ello todos los actos procesales que se realizaron desde que se abrió la causa penal. Al final del fallo, sin embargo, los jueces reconocieron la vigencia en Salta del sistema acusatorio, por lo que ordenaron que la causa sea girada al Ministerio Público, puesto que ahora la investigación es “de su plena exclusividad y competencia”. De esta manera, los magistrados dejaron la vía libre para que esta causa pase directamente a manos de los fiscales a fin de que las pesquisas se reanuden bajo las reglas establecidas por el nuevo código procesal penal, vigente en la provincia desde el año 2011.
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