Kirchnerismo y Seguridad de cara al 2015

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La semana que se fue parece haber dejado tela para cortar en materia de Seguridad. El pase de Florencia Arietto a las filas del Mássismo, la represión en la autopista Panamericana por parte de la Gendarmería Nacional a los empleados de la empresa Lear y los preocupantes datos arrojados por algunos portales de noticias respecto de la Política Criminal en la Provincia de Buenos Aires resultan algunos de los pilares de una discusión que debe darse en miras al escenario que se viene, a saber: 2015.

Arde la Ciudad:

No era llamativo hace algunos meses ver en los pasillos del Ministerio de Seguridad de la Nación a la ex encargada de Seguridad del Club Atlético Independiente. Florencia Arietto, hija de un ex militante Montonero, conductora de la ONG “Arde la Ciudad” y no declarada oficialmente simpatizante boquense, dejó atrás sus años Kirchneristas y cerró filas con uno de los armadores políticos del Mássismo en la Ciudad de Buenos Aires, el tristemente célebre: Diego Kravets.

La lógica indica que el titular del Frente Renovador no recurrió a la figura de la joven abogada por sus resultados en la lucha contra violencia en el fútbol -esto si se tiene en consideración que su disputa con la barra de Independiente culminó con la vuelta de los violentos al estadio Libertadores de América y tanto ella como el ex presidente, Javier Cantero, afuera del club- sino por su impronta mediática y las ganas de desembocar en territorio porteño del tigrense de la mano de su ahora nueva aliada.

Massa suma, al mejor estilo Macrista, una estrella de revista capaz de atravesar con alguna que otra virtud el juego mediático de cara al 2015.

Todo un palo:

Los hechos ocurridos en la Autopista Panamericana el pasado jueves encendieron nuevamente el debate respecto a la actuación de las fuerzas de seguridad en el marco de la protesta social. La actuación llevada adelante por la Gendarmería Nacional desentonó en una semana celebrada por la recuperación del nieto de Estela De Carlotto, haciendo entrever que el Kirchnerismo todavía no está ajeno de cometer errores y que debe replantearse seriamente volver a las políticas de base que dieron fruto a uno de sus lineamientos más prósperos: la no represión de la protesta social.

Una chance para recuperar dicha senda sería reactivar el compromiso asumido por el Estado Nacional en el año 2011 con la aprobación la Resolución 210 por la cual el Ministerio de Seguridad de la Nación estableció los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”. Dicho documento otorga un margen regulatorio para las acciones llevadas a cabo por las fuerzas federales de seguridad (P.F.A; P.S.A.; GNA; P.N.A.) en los casos de manifestaciones públicas espontáneas o programadas. Allí se instituyó como objetivo fundamental de la actuación de las fuerzas federales la protección y respeto de los D.D.H.H. de todos los participantes de la expresión pública (manifestantes propiamente dichos, terceros, como personal de las fuerzas de seguridad), la regulación de todas las etapas del operativo de seguridad (organización, comienzo, desarrollo, desconcentración y evaluación), lo relativo a garantizar un adecuado control del tránsito y la minimización de los inconvenientes que ocasionen a personas ajenas a la manifestación. También menciona al agotamiento de todas las instancias para garantizar la resolución de los conflictos que por las características de la protesta se presenten, además de la protección especial de los derechos de las personas pertenecientes a los grupos vulnerables y el resguardo a la actividad periodística. En la misma dirección y propósito, la resolución creó un marco operativo óptimo para la actuación de las fuerzas tal como la prohibición de la utilización de las armas de fuego, la identificación a simple vista de todo el personal policial como también de los móviles utilizados, la prohibición de la participación de personal policial investigado –judicial y/o administrativamente- por irregularidades cometidas en su desempeño en el contexto de manifestaciones pública, la división funcional de tareas respecto al abordaje en las distintas etapas del operativo. En este sentido se creó la figura del “Mediador” apartada de la del “Jefe del Operativo” de manera tal de no recaer la totalidad de las funciones en una sola persona. A nivel nacional la resolución 210/2011 tuvo amplia recepción habiéndose adherido las provincias de: Buenos Aires, Catamarca , Chaco, Chubut, Entre Ríos , Formosa , Jujuy , La Pampa , La Rioja , Mendoza , Misiones , Río Negro, Salta , San Juan , San Luís , Santa Cruz , Santiago del Estero , Tierra del Fuego y Tucumán; quedando por adherirse las provincias de Neuquén, Santa Fé, Córdoba y Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por lo expuesto, suficientemente completo parece el marco legal y -en estas instancias decisivas- más que prudente sería recalcular la estrategia operativa institucional de las fuerzas de seguridad a fin de evitar fatalidades que pudieran poner en riesgo una de las virtudes más exacerbadas del gobierno nacional de cara a 2015, la no represión de la protesta.

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Es necesario continuar y reafirmar los valores y compromisos asumidos desde el Estado Nacional a fin de no torcer el rumbo ni de imponer su voluntad en términos violentos -ni operativa ni discursivamente- sino gestionando el conflicto social, algo que a todas luces trae consigo mejores valores a nuestra todavía joven cultura democrática.

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Llamada de emergencia:

La edición del portal de operaciones “La política online” del pasado 9 de agosto tituló que la Policía Bonaerense “abatió” casi un centenar de personas desde la declaración de emergencia de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires en el contexto de 394 “enfrentamientos” dados a lo largo y ancho de la capital nacional.

La nomenclatura utilizada para viralizar la información no parece inocente teniendo en consideración su lenguaje bélico, máxime si se lo relaciona con el pasado trágico y engañoso que las crónicas periodísticas supieron cosechar durante última dictadura militar al momento de condensar y dar a conocer no otra cosa más que fusilamientos sin juicio previo.

Aún así y, pese a la no publicación hasta el momento del documento que transcribe las estadísticas oficiales, no parece ser descabellado que en el marco de una de las políticas criminales más severas de los últimos tiempos, aquella que da cuenta de la existencia de más 200 detenidos por cada 100.000 habitantes -siendo la tasa de prisionización más alta de la Argentina y una de las mayores de la región- la cifra dada a conocer (no desmentida hasta el momento) sea cierta.

Sería esencial que se investigue, se profundice y se exija la publicación de los resultados de este plan de seguridad hasta el momento. El riesgo que se corre en caso que la información no vea la luz, como sucede con las estadísticas criminales de la Provincia de Buenos Aires desde el año 2012, puede resultar contraproducente por dos cuestiones: 1) la posibilidad que la cantidad de muertos sea mayor y 2) que dicha severidad policial afecte la relación que el Gobierno Nacional posee con las organizaciones de derechos humanos de cara también al 2015.

Tres puntos de un camino que no debe abandonarse.

Hace no muchos años la actuación de las fuerzas de seguridad en el marco de las sociedades organizadas suponía -a priori- que sus funciones estén delimitadas en la necesidad de mantener el orden público en tanto sentido mismo de la gobernabilidad. Ello se caracterizaba en las condiciones aceptadas por un grueso social -en cuanto a la existencia de reglas de convivencia predeterminadas para una vida en común- que se validan principalmente a través de una fuerte actuación represiva del estado. Esta idea, valga decir, supuso siempre una visión anacrónica de la realidad ya que pretendía predicar la tesis de una sociedad estática, cerrada a los cambios, a sus modificaciones estructurales y a los ajustes naturales de los procesos democráticos. Por ello uno de los puntos más altos del proceso político impulsado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández haya sido, curiosamente, el de haber intentado dotar de un mayor sentido democrático a los cuerpos de seguridad principalmente sobre la base de una nueva funcionalidad gubernamental. Es decir, entender su actuación en base una idea distinta, la cual no renuncia a la tesis del “orden de gobierno”, pero que acepta el dinamismo propio de los conflictos sociales entendiendo en su gestión democrática su salida más nutrida y valedera. ¿Qué significó este proceso? Reinterpretar la Seguridad en base a tres puntos fundamentales. El primero, abordar la criminalidad no desde el paradigma del “orden” sino desde la gestión de la conflictividad poniendo en escena los actores en litigio (principalmente a los sectores vulnerables) sin entender esto como una política permisiva respecto a la criminalidad. Gobernar la seguridad implica desarrollar políticas públicas en función de objetivos acordes a las necesidades democráticas que suponen un Estado presente y proactivo, aunque no violento, y una sociedad más participativa a fin de evitar que los conflictos y las necesidades sociales sean identificadas sólo en sus picos más altos. El segundo, mutar la lógica del enfoque tradicional sobre los protagonistas de la “seguridad”, es decir, pasar del binomio histórico de “Policías vs. Ladrones” para incorporar también a las organizaciones criminales en el tapete, dato no menor. En base a ello, el Estado nacional a partir del año 2011 –creación del Ministerio de Seguridad- desarrolló un esquema de trabajo alterno al de otros gobiernos: a) la distribución de los recursos humanos y técnicos necesarios a fin de mantener cubierto el espectro territorial en orden a su competencia operativa, y b) la visibilización de distintas problemáticas solapadas como ser el narcotráfico y la trata de personas, inmiscuyéndose también en las redes criminales que operan en el interior de cada fuerza. Mientras que por último, el reconocimiento que el Estado nacional otorgó como un factor condicionante de las problemáticas sociales -traducidas muchas veces en conflictos con la ley penal-a la segregación manifestada durante su ausencia en la etapa neoliberal. Esto condujo a reasumir los compromisos históricos de una gestión pública inclusiva sobre la base del respeto irrestricto de los derechos humanos y al estado de derecho como valores fundamentales, alentando un nuevo acercamiento de las fuerzas de seguridad a la ciudadanía sin renunciar al cuidado y protección de todos sus habitantes. Por ello es necesario continuar y reafirmar los valores y compromisos asumidos desde el Estado Nacional a fin de no torcer el rumbo ni de imponer su voluntad en términos violentos -ni operativa ni discursivamente- sino gestionando el conflicto social, algo que a todas luces trae consigo mejores valores a nuestra todavía joven cultura democrática.

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