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Es sabido que el aprendizaje continuo que otorga la cultura televisiva nos sumerge en la triste necesidad de colmar espacios, aquellos que se generan en las ansias del “minuto a minuto”. En el caso de algunas temáticas complejas, como la del delito y la inseguridad, parece que dicha necesidad se multiplica en razón de las pulsaciones corporativas, que en su búsqueda desenfrenada por plantear agendas canalizan a través de sus pantallas hechos de violencia que, lejos de un análisis cercano a la complejidad misma de la problemática, se atomizan y se repiten respondiendo a un esquema particular de información. Así, en la comunicación de estos sucesos, encontramos dispositivos capaces de reproducir con facilidad hechos violentos, creando en consecuencia un saber popular respecto del crimen que exterioriza su voluntad en una desmesurada demanda punitiva.
En este sentido surge una cuestión: qué respuesta es la que proporcionan los referentes políticos al respecto, en tanto, se sabe que la lógica efímera comunicacional suprime desde el comienzo la necesidad de abordar la cuestión criminal con la profundidad que requiere. Ante ello, comúnmente se encuentran tres posturas: 1) la que adhiere al discurso mediático en tanto dispositivo disparador de conflictividades (previamente seleccionadas) y reclama por seguridad a la altura de quien le otorga la palabra; 2) en segundo lugar aquellos que alternan en la probidad de sus gobiernos y enumeran los logros de dicha gestión como respuesta frente al reclamo social punitivo y, por último, 3) los que poseen una posibilidad estrecha de repeler cualquier avance del poder punitivo estatal alternando posiciones con datos científicos pero que resultan absorbidos por el golpe bajo, la “tanda” y lejanía que -por mutuas y propias- tiene el analista científico respecto del saber popular.
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Es clave retomar un concepto propio del Kirchnerismo, el de entender que los pulsos de las corporaciones históricamente se reprodujeron con mayor facilidad en el poder punitivo del Estado
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A su vez, es común que por lo general se encasille la primera posición con el opositor político, en tanto que su lejanía con el poder gubernamental le permite oficiar las veces de “requirente mediático” sin medir sus consecuencias, la segunda posición se acerca de manera moderada al responsable institucional quien pregona por los logros de su aparato político en miras a asegurar el sostenimiento de sus estrategias gubernamentales, mientras que la última se le inscribe al crítico, quien no será analizado en esta ocasión por no tener ningún o poco lugar en el espectro mediático. Este panorama no asombra en tanto mantiene el dinamismo habitual de la tromba televisiva, es decir, hay espacios para aquél que critica, para el que contiene y -en algún punto- para quien analiza.
Lo que sí puede resultar llamativo es cierta reconversión actual en la retórica de algunos dirigentes políticos con responsabilidad institucional que han mutado su rol frente al conflicto penal. Hoy por hoy no sorprende oír dentro de un mismo arco político posicionamientos que van desde llamados a convocatoria para un nuevo servicio militar, declaraciones de “emergencia punitiva” que abren un abanico inmenso de propuestas de alquimia barata (más cárceles, más policías, etc) o el reclamo a los jueces por un uso estricto de la ley penal. Pero también en simultaneo se encuentra -dentro de la misma bandera política- posiciones un tanto más responsables que enfatizan con la necesidad de comprender la lógica punitiva regional y las herramientas que la política otorga para resolver conflictos sociales. Allí se encuentran frases como: “no al servicio militar”, “no a la ley de derribo”, “no a la demagogia punitiva”, etc.
Si bien nadie discute, desde ya, la posibilidad de utilizar los servicios que ofrecen los mass media, no deja de sorprender la insistencia en el error de algunos sectores del oficialismo que llamativamente por la necesidad -o la búsqueda- de ocupar un espectro político/mediático encasillan su discurso en los carriles normales de la prosa opositora, siendo que en la mayoría de los casos los lineamientos ofrecidos poco se emparentan con la construcción política de estos once años. Es decir, si para algún sector del oficialismo ocupar espacios de audiencia involucra etiquetar en las clases populares los costos del delito por el solo hecho de adquirir simpatía con el futuro electorado presidencial y volcar en los sectores vulnerables la problemática criminal, se arrastrarán consigo dos cuestiones fatales: 1) la de acercarse en demasía a “videopolítica” donde la vida es entendida en forma diapositiva, sintética, colmada de titulares guionados y abanderada natural de las carreras del “todo vale”; y por sobretodo 2) la de olvidar el fracaso constante de las políticas ligadas al incremento del aparato represivo del estado y el aumento de penas.
Por ello es clave retomar un concepto propio del Kirchnerismo, el de entender que los pulsos de las corporaciones históricamente se reprodujeron con mayor facilidad en el poder punitivo del Estado. Si no olvidamos eso vamos a hacer el esfuerzo para concebir que no hay correlación de fuerzas ni peligro de derrumbar lo construido que habilite mayores dosis punitivas. Quien piensa que hay que llenar espacios televisivos mostrando poder belicista es lisa y llanamente alguien que no comprendió la lógica y el abuso de poder en Latinoamérica durante los doscientos años de historia.
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