La inseguridad, presa de la estrategia electoral

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Pocos temas logran sacudir la sensibilidad de la ciudadanía como sucede con la problemática de la “inseguridad”. La inseguridad, según es presentado el delito día a día por los grandes consorcios mediáticos, es un fenómeno social que abarca aspectos muchas veces complejos que quedan suprimidos en los análisis anodinos de los comunicadores masivos. Al respecto sobran los estudios y las opiniones que identifican en este flagelo una clara relación con las políticas económicas ortodoxas que arrojan a las mayorías populares a la marginalidad y al desempleo. Estas voces trazan una evolución creciente del delito en contextos económicos de zozobra en donde al mismo tiempo aumentan tasas como las del desempleo y las de la pobreza.

En los últimos años, y luego del fracaso al que condujo la embestida en materia procesal penal encabezada por el «ingeniero» Blumberg, asistimos a un intenso debate público que enfrenta a dos formas claras y antagónicas de abordar el análisis de este tema candente que muchas veces es blanco fácil de manipulaciones y distorsiones varias. Estas dos corrientes históricamente opuestas pueden resumirse en el discurso represivo del delito, que se apoya en el endurecimiento de las penas y en la delegación de mayores facultades a las agencias de seguridad; y un discurso garantista, que hace énfasis en la necesidad de neutralizar el atropellamiento de las garantías constitucionales individuales que tendría lugar en caso de que el tratamiento de este tema llegara a quedar subordinado al poder punitivo, alegando que éste siempre pujará hacia la criminalización del individuo, eludiendo así aspectos más profundos que configuran a esta problemática.

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El kirchnerismo siempre trató de proferir un discurso que reconociera en la comisión del delito características más intrínsecas de lo que puede llegar a proponer el discurso simplista esgrimido por el “manodurismo”

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En nuestro país se comprueba que la inseguridad es ubicada como la principal demanda de la sociedad, a pesar de tener una de las tasas de homicidios más baja de América Latina junto a Chile y Cuba, según se desprende del último informe confeccionado por la ONU. A pesar de ello, el temor al delito y su eventual prevención, se presenta, en los medios y en las encuestas, como el principal reclamo de la “gente”. A partir de esto, parte de nuestra clase política más vernácula encontró en este reclamo la fuente de sustanciación de su discurso político.

En contraposición a ello, el kirchnerismo siempre trató de proferir un discurso que reconociera en la comisión del delito características más intrínsecas de lo que puede llegar a proponer el discurso simplista esgrimido por el “manodurismo”. La construcción argumentativa del kirchnerismo vino a disputarle el imaginario social a ese discurso represivo -tan divulgado entre las capas medias urbanas- que se eriza alrededor de esta problemática. Desde el oficialismo siempre se abogó por una línea doctrinaria que presentara la inclusión social como herramienta necesaria para la erradicación del delito en aquellos sectores que fueron empujados al abandono por parte del Estado y el mercado.

En los últimos meses fuimos testigos de una contraofensiva del discurso penal más reaccionario, que busca debilitar la mirada gubernamental expresada sobre este tema para así insensibilizar el análisis con propuestas demagógicas improvisadas, que son influenciadas por el termómetro social, muchas veces determinado por los grandes grupos mediáticos. Las recetas oídas son las mismas que persiguen la criminalización de los delitos más vulgares que sufre de forma directa el «ciudadano común» (hurto, punguismo, salideras, arrebatos) pero nada dicen sobre los delitos de guante blanco observados en el crimen organizado: lavado de dinero, evasión tributaria, contrabando, etc.

La campaña se inició con las críticas que primero ensayó Sergio Massa contra el anteproyecto de reforma del Código Penal, a las cuales se sumaron el resto de las fuerzas opositoras, y lo continuó el gobernador Daniel Scioli con la declaración del estado de emergencia en la provincia bonaerense a partir de la visualización mediática de múltiples hechos delictivos que conmocionaron a la opinión pública. De este modo dos de los dirigentes que se perfilan como serios candidatos para las presidenciales del 2015 reposicionaron, con sus respectivas iniciativas, las posturas más retardatarias en materia penal. El riesgo que eso representa es doble: por un lado, implica la búsqueda de soluciones efímeras para temas complejos, y por el otro, se corre el riesgo de que la campaña proselitista del 2015 se desarrolle alrededor del candidato que más mano dura esté dispuesto a prometerle al electorado y así se esquive el debate de las propuestas estructurales sobre las cuales se basará el proyecto político de cada uno de los candidatos que se proponen gobernar el país a partir del 2015.

La ofensiva del manodurismo pretende supeditar el debate político a un tema que sensibiliza al electorado para negar el abordaje de los programas económicos que se proponen ordenar los “desbarajustes” del modelo kirchnerista. Este clima de exaltamiento general de la criminalización intentará barrer con los lineamientos planteados desde las huestes del kirchnerismo, declarándole la «guerra» a la delincuencia y escapándole al debate sobre las raíces que la explican.

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