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A poco que Cristina anunciase el envío del proyecto de Ley de Pago Soberano al Congreso de la Nación, Mauricio Macri salió a anunciar que el bloque PRO votará en contra de la iniciativa.
Los argumentos del jefe de gobierno porteño giran en torno al concepto de “confiabilidad”, que se vería trastornado por la modificación del lugar de pago de los títulos soberanos sujetos a la Ley de Nueva York. Según Macri, la Argentina estaría desconociendo lo que aceptara en los sucesivos canjes de deuda, causando un perjuicio en lo que refiere a la confianza de los inversores extranjeros.
Es curioso que para Macri la confiabilidad pase más por acatar el fallo ilegal del juez de los buitres, Thomas Griesa, que por el cumplimiento con los servicios de nuestra deuda. La Argentina ha dejado en claro su voluntad de pago una y otra vez, incluso luego del revés antijurídico perpetrado por el juez estadounidense, y en ello reside precisamente la confiabilidad.
El impedimento del pago por parte del Banco de Nueva York como resultado de la intervención de Griesa ha dejado como rehenes a los acreedores que ingresaron al canje. Frente a esta situación la Argentina propone una Ley por la cual se abre la posibilidad del cambio de jurisdicción en el cobro, no de jurisdicción judicial. Los bonos seguirán sujetos a la Ley de Nueva York pero los bonistas, de aprobarse la Ley, podrán cobrar a través del Banco Nación saliendo de la situación de embargo en la que se encuentran.
Es entonces que podemos hablar de dos modelos de confiabilidad: el de Macri, que exige confiabilidad para los especuladores y en la vereda de enfrente, el modelo de confiabilidad del gobierno nacional, que pone en primer lugar el cumplimiento con los acreedores legítimos de la deuda soberana.
Un dato no menor y que debiera alarmar a la ciudadanía, es el hecho de que Macri sin haber leído el proyecto de Ley, puesto que no llegó al Congreso, decidió oponerse a favor de los fondos buitre. A la vista están los intereses que representa.
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